Santo Domingo.- El recién aprobado Proyecto de Código Penal Dominicano, aprobado por la Cámara de Diputados (CD), muestra cierta complasencia y benignidad con los delitos de corrupción en los que puedan incurrir funcionarios y funcionarias en determiandas gestiones gubernamentales.
Tan beninno y complaciente, que el artículo 303 del proyecto, contempla penas máximas de 2 a 3 años de prisión a los que sustraigan recursos públicos y que justifican el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco y el de justicia del organismo legislativo, Alexis Jiménez, lo que llama la atención de la Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT).
La FJT, rechazó la justificación de los citados presidentes de la CD y de justicia del hemiciclo, Pacheco y Jiménez, respectivamente, sobre su justitificación para que los ladrones de los dineros públicos se traten con cierta complacencia y benignidad en el recién aprobado Proyecto de Código Penal.
Para la entidad de sociedad civil resulta un contrasentido, que el actual y viejo código penal vigente, contempla penas de hasta diez años para la corrupción, planteándose una clara «involución», en momentos en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Abinader a la cabeza, da notaciones de un compromiso serio en contra de la corrupción administrativa.
Además, le resulta un tanto chocante a la FJT, cuando hay un Ministerio Público, actuando con independencia y varias iniciativas en curso, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Contrataciones Públicas y otras instancias del gobierno, con una clara señal de atacar las actividades ílicitas en la administración pública.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, lamentó la visión errada y de falta de orientación de los diputados Pacheco y Jiménez, al considerar que por el cúmulo de penas, en materia de corrupción y por los posibles delitos concurrentes, siempre habrá un castigo mayor a los tres años, pudiendo llegar a los 60 como prevé el código, desconociendo con ello, que el instituto de derecho penal (cúmulo de penas), tiene un alcance general, extensivo a todas las infracciones; en cuya lógica bastaría que todos los delitos sólo se castigarían con penas de dos a tres años.
Potentini, explicó que hoy día la lucha contra la corrupción, trasciende la propia República Dominicana, con compromisos internacionales y convencionales; además, de su raigambre constitucional, al proscribirla en los artículos 140 y siguientes.
La FJT, instó a los diputados, a corregir el perturbador y decepcionante yerro, contemplando penas de hasta 20 años por los delitos de corrupción, con la posibilidad de ser aumentadas por efectos del cúmulo de penas.
Además, los anima a «desempolvar» el proyecto de ley que ha perimido, unas 7 veces en la Cámara de Diputados, sobre la extinción de dominio, una herramienta efectiva para incautar y recuperar los bienes robados.
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