Neyba.- El exdiputado Rafael Méndez calificó «trascendente» que se aprobara y promulgara la nueva Ley 12-21, que declara por 30 años la Zona Franca Especial de Desarrollo Fronterizo.
Llamó a mantener la vigilancia para que el régimen de exención de impuestos internos y aranceles a las empresas instaladas, o a las que se pudieran acoger a esas facilidades, se cumpla plenamente.
Méndez, quien presidió la Comisión Permanente de Frontera de la Cámara de Diputado, dijo que hace la advertencia porque la oligarquía empresarial, enemigos jurados de los incentivos a las empresas fronterizas, podrían buscar que el reglamento a la referida Ley mediatice el espíritu y la letra de esa legislación, colocando a discreción de los funcionarios aplicación discrecional de los exenciones y facilidades consignadas en la misma.
“Mediante esas aviesas maniobras, y otras estrategias, la oligarquía empresarial logró convertir en una legislación natimuerta la Ley 28-01, que caducó luego de 20 años de inexistencia en los hechos, a pesar de que es la única ley que complementa mandatos contemplados en la Constitución de la República», expuso.
“Esos mandatos están contemplados en los artículos 10 y 11 de la Carta Magna que declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, así como el uso sostenible de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos, entre otros aspectos”, opinó.
Recordó, asimismo que, “la región fronteriza en la zona geográfica que ofrece mayor garantía jurídica para la inversión que, además, de estar amparada en la Constitución de la República y en una ley, también, está amparada en sentencias del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Contencioso Administrativo, así como resoluciones del Senado de la República y la Cámara de Diputados”.
Advierte de la existencia de enemigos jurados de los incentivos a las empresas fronterizas que podrían buscar que el reglamento de la Ley mediatice el espíritu y la letra de esa legislación.
Considera que sería inaceptable que en el reglamento se consigne que los funcionarios aplicarían a discreción las exenciones y facilidades consignadas en la Ley 12-21.
