Santo Domingo.- El gobierno que preside Luis Rodolfo Abinader Corona, impulsa una política de alianzas «público-Privada”, que pudiera ser parte de una estrategia para una eventual nueva «ola» de privatizaciones de empresas estatales.
Es una acción muy parecida a la que llevó a cabo Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tanto en el primer gobierno como los sucesivos que lideró el expresidente Loenel Fernández y el recién de la administraciones moradas que dejó el poder, Danilo Medina.
Pero, esta vez, están «con un ojo abierto y otro cerrado», por lo que desde ya el Bloque Popular Jesús Adón, llama a los sectores populares y al movimiento social en general, estar atentos y prestos a movilizarse en defensa de lo público.
“Las alianzas público-privada necesariamente no son negativas, pero el marco legal que dejó el pasado gobierno es tan ancho como el mar y fácilmente estas alianzas puede traducirse en la privatización de lo público en perjuicio del Estado y de la ciudadanía porque la privatización contiene en sí misma el riesgo de convertir los derechos en mercancías”, afirmó Luz Eneida Mejía, vocera del Bloque Popular.
Mejía, argumentó que en las experiencias más recientes de este tipo de alianza, el Estado dominicano ha sido siempre quien ha cargado con los perjuicios.
Recordó el caso Barrick, en Pueblo viejo, Cotuí, donde la distribución de las ganancias, según el contrato inicial, era 97% para la empresa y apenas 3% para el Estado «más todo el daño provocado al medio ambiente, la producción y la salud de la población».
Además, el “peaje sombra”, en cuyo contrato se estableció la figura de “ingreso mínimo garantizado” para las empresas privadas “aliadas con el Estado, en que el 83 de los ingresos de las compañías: Autopista Del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico del 2012 al 2016 lo pagó el Estado, con el sudor del pueblo dominicano.
Mejía, hizo el llamamiento al participr en un panel organizado por el Bloque Popular para reflexionar sobre el tema “Dada la amplitud de la Ley 47-20, la que creen preciso estudiar cuidadosamente cada caso para examinar sus implicaciones, objetivos, ámbito de aplicación, ventajas y perjuicios y condiciones.
«Esto requiere una actitud vigilante de los sectores populares y el movimiento social y el firme compromiso con la defensa de lo público que es lo que expresa el interés general”, afirmó la dirigente del Bloque Popular.
