Las redes sociales ha ido el medio idóneo de diversos sectores de la vida nacional para ejercer presiión sobre la administración de gobierno del presidente Luis Abinader.
Desde que asumió la Presidencia de la República, Abinader ha tenido que variar muchas de las disposiciones adoptadas por su gobierno, que van desde sanitarias hasta burocráticas, por presiones que tienen origen en las redes sociales que exprean su rechazo.
Donde más debilidad se observa es en las medidas restrictivas para frenar la propagación de la covid-19, en tanto diversos sectores económicos, y amplios segmentos de la sociedad, reclaman mayor flexibilidad en los horarios del toque de queda, argumentando problemas financieros y hastío ciudadano por el encierro.
Aunque el Gobierno trató de «contentar» en ese sentido, en contradicción, incluso, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debido al incremento de los casos de coronovirus, desde mediados de diciembre tuvo que volver a los controles que relajó.
Esta decisión tuvo lugar cuando se anunció un relajamiento por las festividades de fin de año llevando alegría al sector comercial y para lo que muchos se prepararon, pero nuevamente volvieron a cerrar.
También, afectó planes de muchas familias que por el relajamiento de las medidas plafificaron desplazarse a ciudades del interior a pasar las festividades navideñas con los suyos, posteriormente el gobierno volvió a cambiar los horarios de toque de queda y con mayor cantidad de horas de desplazamiento permitidas.
También varió las disposiciones sobre las reuniones para complacer a las iglesias que criticaron se suspendieran los oficios religiosos y permitió la apertura de restaurantes a media capacidad.
El más reciente de los cambios, luego de adoptar una decisión, es el caso de las multas que anunció la Procuraduría General de la República, que ha sido la última piedra con la que tropezó el Gobierno.
Las multas a quienes violenten el toque de queda, que parecían insignificantes antes que el Ministerio Público diera a conocer qué se cobraría por ese concepto y por el que se han recaudado cerca de RD$100 millones de pesos.
Sin embargo, las presiones ejercidas contra esta medida luego de la publicación del cobro de las multas, sobre todo, por la legalidad de ese cobro por parte del Ministerio Público, obligó a revocar la medida.
También, el gobierno varió su relación con los medios de comunicación en el ámbito de la pandemia, debido a la decisión de monopolizar las informaciones, ya que solo se haría a través del Gabinete de Salud, una decisión que generó rechazo en el sector comunicacional y periodístico del país, debido a que se interpretó como una forma de ocultar los hechos.
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