El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante un tribunal federal por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La acusación también incluye a otros nueve funcionarios, entre ellos un senador, exfuncionarios estatales y exmandos policiales, señalados por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
Presuntos vínculos con el cartel
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cartel de Sinaloa en la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Las investigaciones los vinculan con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quienes presuntamente habrían brindado protección e información sensible desde sus posiciones.
Según la acusación, el grupo habría facilitado el envío de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de recibir sobornos a cambio de garantizar el funcionamiento de la organización criminal.
Reacciones y proceso legal
Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de fundamento. De igual forma, uno de los senadores implicados negó las imputaciones y las calificó como falsas.
En México, la Fiscalía General de la República informó que analizará una solicitud de detención con fines de extradición remitida por Estados Unidos. No obstante, indicó que la petición no fue acompañada de pruebas suficientes.
Las autoridades mexicanas señalaron que iniciarán una investigación para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones y definan la viabilidad de una eventual extradición.
En el caso del gobernador y del senador señalados, cualquier proceso judicial requeriría previamente la retirada del fuero constitucional por parte del Congreso mexicano.
