El Partido Revolucionario Moderno (PRM) negó categóricamente las vinculaciones señaladas por uno de los testigos en el denominado Caso Cobra, relacionado con presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en las que se alega que fondos obtenidos ilícitamente habrían sido utilizados para financiar campañas de esa organización política, incluyendo el proceso de reelección que llevó al presidente Luis Abinader a retener el poder.
A través de un documento emitido por su Dirección Ejecutiva, el PRM rechazó cualquier intento de asociar a la organización con el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y fijó su postura oficial ante las informaciones publicadas el 19 de enero de 2026 sobre el referido caso judicial.
Rechazo categórico a señalamientos
El partido oficialista afirmó que rechaza de manera enérgica y categórica cualquier insinuación que pretenda vincular al PRM o a sus campañas electorales con el uso de fondos ilegales, calificando dichas versiones como infundadas.
El Gobierno actuó como acusador
En su aclaración, el PRM recordó que fue el propio gobierno, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, el que ordenó que SeNaSa se constituyera en actor civil dentro del proceso judicial.
Indicó que, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado dominicano formalizó una querella para que los responsables enfrenten consecuencias penales y devuelvan cada centavo sustraído. “Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos”, precisó la organización.
Compromiso contra la corrupción
El partido reiteró que su compromiso con la lucha contra la corrupción no es retórico, advirtiendo que no tolera ni tolerará “desbordamientos éticos”. Sostuvo que cualquier persona que haya fallado a la confianza pública debe responder de manera individual ante la justicia, sin escudarse en banderas políticas.
Transparencia en el financiamiento político
Asimismo, el PRM aseguró que sus campañas se han desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, respaldadas por auditorías privadas e informes financieros entregados oportunamente a la Junta Central Electoral (JCE) y a la Cámara de Cuentas.
En ese sentido, afirmó que cualquier alegato sobre financiamiento irregular “no resiste el escrutinio de los organismos oficiales”.
Respeto a la independencia judicial
Finalmente, la organización política reiteró su disposición de colaborar plenamente con el Ministerio Público, destacando que la independencia judicial es uno de los principales logros del actual gobierno.
“El fortalecimiento de la integridad pública es un camino sin retorno”, expresa el documento, en el que el PRM solicitó la publicación íntegra de su aclaración, en aras del equilibrio informativo y del derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.
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