El impuesto de un 1 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, establecido en la denominada ley One Big Beautiful Bill, comenzó a aplicarse desde el primero de enero, generando preocupación entre comunidades migrantes y países altamente dependientes de esos flujos, como la República Dominicana.
La medida grava los envíos realizados en efectivo, cheques y giros postales, pero excluye las transferencias bancarias y digitales, así como los envíos efectuados por ciudadanos estadounidenses desde entidades financieras de ese país. No obstante, el impuesto afecta directamente a miles de migrantes que carecen de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Reportes internacionales advierten que esta disposición ha provocado una fuerte controversia, debido a que limita las opciones de envío de dinero para sectores vulnerables, incluyendo estudiantes internacionales y trabajadores indocumentados que envían recursos regularmente a sus familias.
En respuesta a esta situación, México anunció la implementación de una tarjeta bancaria especial que permitirá a sus ciudadanos realizar transferencias de hasta 10,000 dólares mensuales, pagando una tarifa fija de US$2.50 por transacción, con el objetivo de evitar el impacto del impuesto y proteger el flujo de remesas.
La empresa especializada en transferencias internacionales Wise, con sede en Londres, advirtió que la ley podría afectar de manera significativa a quienes envían dinero en efectivo o mediante instrumentos tradicionales, especialmente ciudadanos no estadounidenses que sostienen económicamente a familiares en el exterior.
El economista del Banco Mundial, Dilip Ratha, recordó que Estados Unidos es el principal país emisor de remesas hacia América Latina y el Caribe, recursos que cumplen un rol vital para millones de hogares, sobre todo en contextos de crisis y desastres naturales.
De acuerdo con el Center for Global Development, la República Dominicana podría enfrentar una reducción anual de hasta US$234 millones en remesas, lo que representa un impacto sensible para una economía donde estos envíos equivalen a cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El economista Luis Manuel Piantini consideró que el impuesto del 1 % podría ser asumido por las empresas remesadoras locales, mediante ajustes en las comisiones, sin afectar de forma significativa el volumen de los envíos, al calificar el gravamen como “insignificante” frente a los costos actuales del servicio.
En tanto, el decano de la Facultad de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz, sostuvo que el impacto del impuesto será marginal, al estar dirigido principalmente a inmigrantes indocumentados, aunque reconoció que cerca del 11.8 % de los hogares dominicanos recibe remesas, las cuales representan alrededor del 26 % de sus ingresos totales.
La medida también afecta a migrantes de países como India, Filipinas, China y otras naciones de América Latina y el Caribe, lo que refuerza el debate internacional sobre el efecto de las políticas fiscales en los flujos de remesas y su impacto social.
