El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este lunes sus primeras declaraciones ante un tribunal federal de Nueva York, luego de su arresto por comandos especializados del Ejército de los Estados Unidos, en una operación militar ejecutada en territorio venezolano.
Durante la audiencia, Maduro se declaró “prisionero de guerra”, rechazó de manera categórica los cargos presentados en su contra y reafirmó su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, declaró el mandatario ante el juez, al describir su detención como una acción militar que, a su juicio, viola la inmunidad presidencial, el Derecho Internacional y la soberanía venezolana.
Con estas declaraciones, el gobernante dejó claro que no reconoce el proceso judicial como una causa penal ordinaria, sino como parte de un conflicto internacional, en el que asegura haber sido secuestrado por una potencia extranjera.
Durante su comparecencia, Maduro se declaró inocente de todas las imputaciones formuladas por la justicia estadounidense. “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, expresó ante el magistrado, subrayando que su legitimidad emana de un mandato popular.
En la misma audiencia, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró no culpable de los cargos en su contra y solicitó una visita consular, tanto para ella como para el presidente Maduro, al alegar su condición de detenidos extranjeros.
El equipo legal del mandatario venezolano planteó varios aspectos pendientes relacionados con la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención, insistiendo en que el procedimiento vulnera normas fundamentales del derecho internacional.
Uno de los puntos jurídicamente más relevantes señalados por Maduro fue que desconocía previamente los cargos que se le imputaban, situación que, según estándares internacionales, podría constituir una violación al debido proceso, al no haber sido notificado formalmente antes de su arresto y comparecencia judicial.
El caso ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional y abre un escenario de alta tensión diplomática, mientras el presidente insiste en que su detención responde a una acción política y militar, no a un proceso judicial legítimo.
