El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó el estado de salud del exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón, tras una evaluación médica legal solicitada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, lo que llevó al tribunal a validar la licencia médica que le fue otorgada.
La magistrada Altagracia Ramírez, jueza titular del tribunal, informó que el médico legista designado por la corte corroboró el contenido del informe clínico emitido por el urólogo-oncólogo tratante del exlegislador, así como las recomendaciones médicas sobre su imposibilidad de comparecer ante la justicia en este momento.
“Ha sido corroborado su contenido con las informaciones suministradas por el médico legista designado por el tribunal”, expresó la magistrada al referirse al informe remitido por el INACIF.
Antecedentes del estado de salud
De acuerdo con la defensa técnica de Calderón, el exsenador permaneció varios días ingresado en una unidad de cuidados intensivos, luego de contraer una bacteria que agravó un cuadro clínico preexistente, situación que ameritó atención especializada y reposo prolongado.
Como resultado de estas complicaciones, los médicos emitieron una licencia médica por un período de 30 días, tiempo considerado necesario para su recuperación y estabilización.
Aunque en audiencias anteriores la jueza Ramírez había expresado observaciones sobre la duración del reposo recomendado, el peritaje médico-legal realizado por el INACIF determinó que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para asistir a audiencias judiciales de manera inmediata.
Impacto en el calendario judicial
La ausencia justificada de Calderón, quien figura entre los imputados por el Ministerio Público en el expediente del caso Operación Calamar, provocó la suspensión de las audiencias pautadas para la pasada semana.
El tribunal dejó establecido que el proceso judicial continuará su curso una vez concluya el período de licencia médica, en respeto a los derechos fundamentales del imputado, particularmente el derecho a la salud y al debido proceso.
