El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas implicadas en la red criminal desarticulada mediante la Operación Discovery 2.0, una investigación de carácter transnacional iniciada en 2023 que destapó un esquema de estafa, robo de identidad y lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría personas en edad de retiro.
El Primer Juzgado acogió en todas sus partes el planteamiento del equipo de fiscales, validando la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas, y condenó a los imputados a penas de siete y cuatro años de prisión, además de ordenar la disolución de dos empresas utilizadas como fachada, cuyos bienes pasarán al Estado dominicano.
Fraude operaba desde call centers clandestinos
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call centers clandestinos, disfrazados de centros de servicios, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude utilizando medios tecnológicos.
Indicó que las víctimas, principalmente adultos mayores en Estados Unidos, fueron despojadas de los ahorros acumulados durante décadas, mediante maniobras de engaño y suplantación de identidad.
Más de 450 pruebas y cooperación internacional
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet).
El expediente incluyó más de 450 elementos probatorios, entre interceptaciones legales, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
De forma paralela, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados a la estructura criminal desde territorio estadounidense.
Decomisos millonarios y disolución de empresas
En la República Dominicana, el tribunal ordenó la disolución judicial de las entidades Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como fachadas operativas del esquema criminal.
Asimismo, se dispuso el decomiso de más de RD$2 millones en efectivo, USD$84,000 dólares, vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego, joyas, equipos electrónicos y cuentas bancarias.
Condenas contra cabecillas y operadores
Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), identificado como uno de los cabecillas de la red, quien fue sentenciado a siete años de prisión.
Otros operadores de la estructura criminal, entre ellos Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, recibieron cuatro años de reclusión.
Asimismo, varios imputados fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida, conforme a la gravedad de su participación en el entramado delictivo.
Violación a leyes de alta tecnología y lavado de activos
Los condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público.
Con esta decisión, el órgano persecutor reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando justicia para las víctimas y fortaleciendo la confianza en la República Dominicana como un país seguro para la inversión y el turismo.
