Por primera vez desde que entró en operación, la gerencia de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, admitió que la Unidad 1 disparó niveles anormales y peligrosos de micropartículas entre agosto y octubre, las cuales dañan la salud de la población.
Esta situación ocurre justo cuando comunidades de Nizao denunciaban noches de “niebla espesa”, olor a quemado y dificultad para respirar como consecuencias de estas partículas que dañan la salud.
El reconocimiento, suave y casi escondido, aparece en una nota del 2 de diciembre donde celebran la “séptima auditoría exitosa”. Allí, la gerencia reconoce “excursiones de partículas”.
Ante esta emisión de partículas que dañan la salud de la población, la Termo Eléctrica Punta Catalina se vio precisada a tener que reemplazar los filtros, cada uno valorado en 75 millones de dólares, como evidencia del volumen brutal de polvillo tóxico que expulsa al aire.
Para el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y INSAPROMA, lo que Punta Catalina describe como un pequeño “incidente” fue en realidad una «nube tóxica» que puso en riesgo la salud de miles de personas en Sabana Uvero de Paya, Nizao y comunidades vecinas.
Las organizaciones recuerdan que a inicios de octubre la población reportó ardor en los ojos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y una neblina densa documentada en videos difundidos por la prensa. En ese momento se sospechaba de desfogues nocturnos; hoy, dicen, queda claro que se trató de un desmadre de micropartículas.
Acusan a la administración de Punta Catalina de conducta criminal: ocultar lo ocurrido, no alertar a la población y, cuando todo pasó, minimizarlo.
No es la primera vez
La auditoría forense de Sargent & Lundy advertió que la Unidad 1 no debía operar a plena capacidad por sus fallas estructurales, y su exadministrador, Serafín Canario, confirmó que en 2021 la planta llegó a emitir 40 veces más micropartículas de lo permitido.
Mientras tanto, la Red Comunitaria de Monitoreo de Nizao reportó un aumento de muertes “inexplicables” entre agosto y octubre. Salud Pública, dicen, está obligada a investigar y determinar si existe relación directa con estas emisiones, pero no ha respondido, tampoco ordena autopsias, pese a solicitud formal.
La denuncia sube de tono con un dato alarmante: la Junta Municipal Electoral de Nizao se negó la semana pasada a entregar las actas de defunción, justo cuando las comunidades intentan documentar el patrón de muertes.
Las organizaciones advierten a la provincia Peravia que vive bajo una amenaza real y permanente, agravada por la complicidad de las autoridades de Salud Pública y Medio Ambiente, quienes —acusan— “en vez de proteger a la gente, protegen a la planta y silencian los impactos letales”.
