El Frente Amplio salió respalda el arresto del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, su sobrino Rafael Martínez Hazim y el empresario Eduardo Read, por el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre el presunto entramado de corrupción que habría operado durante años dentro de la institución que administra el seguro estatal más grande del país.
La organización calificó los apresamientos como “un paso importante en la lucha contra la corrupción”, en un expediente que, según afirmaron, está cargado de denuncias sobre graves irregularidades administrativas, desvío de fondos públicos, contabilidad paralela, sobornos, pagos irregulares a prestadores privados y multimillonarios programas sin control ni beneficiarios identificados.
“Esto no se acaba aquí: faltan más”
El Frente Amplio advirtió que los arrestos de Hazim, su sobrino y Read no representan ni la mitad de la estructura corrupta denunciada.
“Estos arrestos no pueden ser el punto final. Aquí falta gente, y deben caer todos. El país sabe que este caso involucra intereses políticos y empresariales que por años usaron a SeNaSa como caja chica, mientras limitaban el acceso de los afiliados a los servicios aunque la cápita creciera cada año”, expresó la organización.
El partido insistió en que existen otros funcionarios y exfuncionarios —junto a sectores privados— que habrían participado activamente en el saqueo de los recursos destinados a la salud pública.
“El Estado convertido en finca privada”
La dirigente María Teresa Cabrera fue enfática: el caso SeNaSa es, dijo, “uno de los ejemplos más grotescos de cómo una élite política y económica convierte al Estado en una finca privada, despojando al pueblo de derechos fundamentales y violentando la institucionalidad sin pudor alguno”.
Recordó que las denuncias del expediente incluyen: Desvío de fondos millonarios mediante “puntos médicos” para privilegiar centros privados y pagos por más de RD$4,000 millones a un proveedor no habilitado para entregar medicamentos.
Además, incluye un programa de nutrición para adultos mayores, con ejecución entre RD$4,000 y RD$6,000 millones, sin lista verificable de beneficiarios, duplicidad de facturas, sobornos, así como una contabilidad paralela diseñada para ocultar operaciones irregulares.
“Sin privilegios, sin blindajes y sin expedientes mutilados”
El Frente Amplio exigió sanciones ejemplares y denunció que varios de los implicados fueron reubicados en otros cargos públicos, lo que calificó como “protección desde las altas estructuras del poder”.
“La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias. No aceptaremos expedientes mutilados ni responsables protegidos por sus vínculos políticos o empresariales”, concluyó Cabrera.
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