Edickson Herrera Silvestre (regidor) y William Durán Jerez (general retirado de la Policía) mediante un acuerdo con las autoridades norteamericanas se declararon culpables de tráfico de cocaína, según documentos depositados en una corte estadounidense.
En los acuerdos firmados por el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general William Durán Jerez se establece el compromiso de cooperar plenamente con las autoridades con información, testimonio veraz y completo que incluya documentos, registros y otras pruebas cuando se le solicite.
“Y si esta Oficina lo solicita, trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público. Además, el acusado se compromete a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos”, dice el texto firmado por ambos.
Un tercer hombre, de nombre José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de la Florida.
El trio de narcos dominicanos se declaró culpable del primer cargo que le imputaban las autoridades estadounidenses, mientras que los cargos segundo y tercero fueron retirados para llegar al acuerdo. El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.
La acusación norteamericana hace referencia a que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, los narcotraficantes se aliaron para conspirar y distribuir una sustancia controlada a territorio de los Estados Unidos.
Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera.
“La comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta Oficina”, dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional dominicana.
El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el pasado 18 de septiembre. El acuerdo también está firmado por Genesis Peduto, su abogada y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.
El segundo en acordar con los norteamericanos fue el general retirado Durán Jerez, quien firmó su culpabilidad y colaboración el 24 de septiembre con las autoridades del Distrito Sur de los Estados Unidos. Junto a él lo hizo David Howard, su abogado y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El regidor Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno en la capital dominicana, firmó su colaboración y culpabilidad el pasado 6 de octubre. Junto a él estamparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerarde, fiscal del caso, aunque el 10 de julio anterior, se había declarado «no culpable» de estos cargos que pesaban en su contra en Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos identifican a los acusados como Edickson Herrera Silvestre “El regidor”, William Durán Jerez “El general” y José Eduviges Aponte Torres “Buby” o “Meano”.
La acusación contra los tres narcos fue fechada el 5 de marzo del presente año y la lectura de las sentencias será de la siguiente forma: Aponte Torres tiene cita para el 5 de diciembre, a las 11:00 AM; el general retirado Durán Jerez, escuchará el dictamen en su contra el 11 de diciembre, a las 10:00 AM y el regidor Herrera Silvestre lo hará el 8 de enero de 2026, a las 9:30 AM.
Herrera Silvestre fue electo regidor en febrero del año 2020. En esos comicios obtuvo 3,731 votos preferenciales que le valieron su espacio en el concejo de regidores del Distrito Nacional, siendo relecto en 2024, por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3,032 votos a su favor, según datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como “Yeyea” en círculos políticos.
Fue suspendido provisionalmente por el Concejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional el pasado septiembre por el hecho de falta durante tres meses, mientras el PRM, al «enterarse del caso» en abril de este año 2025, dijo que quien infrinja las normas legales deberán asumir personalmente las consecuencias de sus actos.
Los acusados pueden ser condenados de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. La corte tomará en cuenta la colaboración que han prestado para ahorrarle al Estado llegar a un juicio de fondo, donde según los documentos de las autoridades serían encontrados culpables de todas formas por la abundante carga probatoria del expediente.
Una de las posibilidades es que, una vez cumplida la pena de prisión, los acusados pasen a un periodo probatorio de al menos cinco años que, incluso, podría ser mucho mayor.
Los narcotraficantes fueron acusados por los Estados Unidos de conseguir cocaína en Suramérica, desde donde la transportaban a República Dominicana que les servía como punto de almacenamiento. Luego era trasladada al sur de la Florida, en los Estados Unidos.
Una vez distribuida la cocaína, el dinero recolectado era enviado a la República Dominicana y las ganancias repartidas en los integrantes de la organización criminal.
