Bill Peña
La democracia dominicana se sostiene en gran medida sobre la confianza ciudadana en sus instituciones electorales. Sin embargo, esa confianza ha sido golpeada en varias ocasiones por decisiones cuestionadas, denuncias de clientelismo y el uso indebido de los recursos públicos.
La justicia electoral, representada en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE), enfrenta hoy el gran desafío de recuperar credibilidad y demostrar verdadera independencia.
Uno de los principales problemas radica en la percepción de parcialidad. La forma en que se eligen los jueces y miembros de los órganos electorales deja la sensación de que responden más a cuotas partidarias que a la necesidad de garantizar un arbitraje justo. Mientras esa duda persista, cualquier decisión será vista con desconfianza.
A ello se suma la falta de sanciones efectivas frente a prácticas que se repiten elección tras elección: compra de cédulas, manipulación del padrón y uso de recursos del Estado en campaña. El pueblo observa cómo estas irregularidades rara vez reciben una respuesta firme, lo que alimenta la cultura de impunidad en materia electoral.
Una de las deudas pendientes en la justicia electoral de la República Dominicana es la reforma del rol de las Juntas Electorales Municipales. El hecho de que estos órganos, responsables de organizar y administrar los comicios, sean también los encargados de juzgar las reclamaciones e impugnaciones del proceso, genera un evidente conflicto de interés y compromete la percepción de imparcialidad. Superar esta dualidad de funciones es clave para fortalecer la legitimidad las elecciones y avanzar hacia un sistema electoral más justo, transparente e independiente. La separación efectiva entre la función administrativa y la jurisdiccional debe ser una prioridad en la agenda de reformas democráticas del país.
La tecnología, que debería ser un aliado de la transparencia, también ha dejado lecciones amargas. El colapso del voto automatizado en 2020 demostró que no basta con introducir modernidad; se necesita planificación, auditoría independiente y seguridad informática. Un error en este campo puede costar la estabilidad política de todo un país.
Otro punto débil es la inclusión. Aunque la ley establece cuotas de género, la realidad es que la participación política de las mujeres y otros sectores sociales sigue enfrentando obstáculos. La justicia electoral tiene el deber de velar por el cumplimiento real de esas disposiciones, más allá de los números.
La solución no pasa solo por reformar leyes —que sin duda lo necesitan—, sino también por un cambio cultural. Se requiere una ciudadanía educada, consciente de sus derechos y deberes, que no se deje seducir por el clientelismo ni por el “juego sucio” de la política.
La justicia electoral dominicana tiene ante sí el reto de ser firme, rápida y creíble. No basta con administrar elecciones; se trata de garantizar que cada voto cuente, que las reglas sean claras y que la voluntad popular no sea distorsionada. En definitiva, sin justicia electoral confiable, la democracia dominicana seguirá siendo una promesa incompleta.
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