El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, afirmó este viernes que, de acuerdo con las evidencias, el asesinato a tiros de 5 personas en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago, a manos de 11 policías, fue de una “ejecución extrajudicial”.
«Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público, hasta el momento, indican que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita se trató de una ejecución extrajudicial», dijo el magistrado a miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón.
Señaló que los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, realizaron diversas maniobras para intentar borrar las evidencias que los vinculan con el caso ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre.
«Los imputados sustrajeron los videos del hecho, sustrajeron teléfonos y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad», indicó.
Además, dijo que el Ministerio Público tiene la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias. «No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias», advirtió Camacho.
Aplazan coerción
Además, el titular de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público comunicó que la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Santiago aplazó para el próximo jueves 9 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los once agentes policiales.
Explicó que el tribunal tomó la medida con el fin de que los abogados de los agentes dispongan de tiempo para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas puedan estar presentes.
«Un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y socializar esas pruebas con sus representados», manifestó.
Lo que pide el Ministerio Público
El Ministerio Público solicita que al grupo —imputado por asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años— se le impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La Procuraduría otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
