Xavier Carrasco
Hace unas semanas, el senador del Distrito Nacional, hijo del expresidente Leonel Fernández, declaró a la prensa estar de acuerdo con un plan de regulación para los inmigrantes haitianos en el país. El solo hecho de pensar en ello genera preocupación y remite inevitablemente al año 2014, cuando la Ley 169-14 legitimó la entrega descontrolada de lo más preciado que tiene una nación: su ciudadanía.
Aquella norma benefició a nacionales haitianos que, en muchos casos, no reunían las condiciones necesarias para obtener tal derecho. Para entonces, Omar Fernández militaba en el partido oficialista y su padre, Leonel, era presidente de esa organización.
Sin embargo, hay que retroceder aún más. Desde la aprobación de la Ley General de Migración 285-04, el 21 de julio de 2004, hasta el año 2011, Leonel Fernández mantuvo engavetado el reglamento de aplicación de dicha norma.
Durante ese período, gobernó acompañado de la familia Castillo encabezada por Vincho, quienes construyeron un discurso público en contra del narcotráfico y la migración haitiana, pero nunca a Leonel Fernández le fue de interés el tema haitiano, y mucho menos una política de estado para tratarlo.
El propio Leonel llegó al extremo de condecorar en el Palacio Nacional al expresidente haitiano Michell Martelly, condenado en Canadá por financiar pandillas. También construyó en Haití una universidad mientras en República Dominicana persistía la carencia de espacios académicos. Esa visión de Estado dejó clara su inclinación, priorizar compromisos externos por encima de los intereses nacionales.
Hoy parece que la agenda de Omar no es diferente. Su discurso apunta a reeditar las políticas de apertura y complacencia que caracterizaron los gobiernos de su padre, cediendo la soberanía y permitiendo un flujo migratorio sin control. Todo ello responde a los compromisos con los poderes fácticos que impulsaron su carrera y que esperan de él la defensa de sus intereses.
Sería interesante escuchar al senador pronunciarse, no sobre el “plan de regularización” de haitianos, sino también en temas de igual trascendencia nacional:
• La privatización de empresas del Estado.
• Los contratos lesivos como el de la Barrick Gold (97/3).
• El peaje sombra.
• Las mafias en las ARS y las AFP.
• Los 130 millones de dólares del caso Sun Land.
• El parqueo de la UASD.
• Su opinión sobre Félix Bautista, su padrino político y coordinador de campaña.
• O sobre Víctor Díaz Rúa, señalado en múltiples escándalos de corrupción.
• Entre otros tantos más,
Esos son asuntos de nación que nos permitirán definir a este joven político y que marcan el carácter de su proyecto de nación. Pero el silencio sobre ellos es tan revelador como su postura ante la migración haitiana.
En definitiva, Omar Fernández parece comprometido con el mismo desastre político y moral que encabezó su padre. No representa un relevo generacional auténtico, sino la continuidad de una élite vinculada a los más oscuros intereses del pasado.
La República Dominicana enfrenta hoy un reto histórico con la crisis haitiana. El presidente Luis Abinader ha sido claro al señalar que el país no tiene la solución al problema de Haití, y ha defendido esa postura en escenarios internacionales como la Asamblea de las Naciones Unidas. Esa firmeza contrasta con la ambigüedad de un sector político que parece dispuesto a repetir los errores del pasado.
La sociedad dominicana no clama por la continuidad de quienes tanto daño le han causado, sino por un verdadero cambio que ponga en el centro los intereses nacionales y no los de grupos enquistados en el poder.
Porque el futuro no puede seguir hipotecado a los mismos que ya nos fallaron.
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