El magistrado Daniel Emilio Medina Pimentel, juez del Juzgado de la Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, impuso presentación periódica como medida de coerción contra un alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien ejecutó un embargo ejecutivo en perjuicio de la empresa Sandres Comercial de esta provincia Barahona.
Además, de presentación periódica, también el juez Medina Pimentel medida, impuso como medida de coerción al alguacil César Alexander Alcántara Valdez, una fianza de RD$ 100,000, establecida en el artículo 226, del Código Procesal Penal.
La empresa Sandres Comercial estuvo representada por los abogados Hugo Francisco Gómez Pérez, Melvin Manolín Reyes Batista y Ángel Darío Pérez de los Santos, mientras que el alguacil estuvo como defensa al togado Xavier Carrasco e Ismael Féliz Castillo. El Ministerio Público estuvo representado en el fiscal Abraham Carvajal Medina.
Los abogados de la empresa local emprendieron la acción contra el Ministerial Alcántara Valdez, alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; habría ejecutado el embargo ejecutivo bajo la calificación jurídica de “robo”, por ejecutar por reportar menos de la cantidad de los artículos que se llevó del establecimiento.
Actuaba a requerimiento de una empresa supuestamente vinculada a Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y de su esposa, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esta última guarda prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, por una deuda de US$ 750,000 por concepto de un préstamo.
Se recuerda que el día 6 agosto -del presente año 2025- Alcántara Valdez supuestamente ejecutó un embargo verbal ejecutivo a Sandres Comercial SRL, ubicada en la Calle Prof. Luis Díaz No. 05, sector los Maestros, de este municipio Barahona, quedando captado en las cámaras de seguridad del establecimiento, desde donde, alegadamente sustrajo efectos que no puso en el acto de embargo ejecutivo, No. 758/2025.
El propietario del establecimiento alega que los efectos no declarados y embargados, se hizo de forma ilícita y fraudulenta, los cuales tienen un valor de RD$12, 494, 824.12, causado daños que afecta sus operaciones: pagos de préstamos, nómina, impuestos, así como otros gastos operacionales de la empresa.
Además, del alguacil contra quien se conoció medida de coerción, también, le ha sido solicitada orden de arresto contra otro colega Yerry de los Santos Lázaro, residente en el sector La Esperilla, Distrito Nacional, quien está prófugo y no atiende a los requerimientos de la justicia para que responda por el caso que le he imputado.
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