La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), rechazó este miércoles las amenazas de someter a la justicia por supuesta difamación a su presidente Julio César De la Rosa Tiburcio, como anunció Milagros Ortiz Boch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Adocco, en cambio, reiteró la acusación contra Ortiz Bosch de haber incurrido en prevaricación por ordenar el archivo de la denuncia presentada por esa entidad, el 2 de octubre de 2023, contra el entonces ministro de Educación Ángel Hernández, por ocultar en su declaración jurada de patrimonio -presentada 6 meses después de su designación-, la existencia de una compañía de la comunidad conyugal, que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos, estando en el cargo.
La organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción, reiteró que seguirá haciendo su labor de denuncias contra todos aquellos servidores públicos, que incurran en irregularidades.
Afirmó que el propósito de amedrentarlos con la respuesta, anunciada públicamente por la exvicepresidenta de la República, bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? No lo va a lograr, por lo que, dijo esperar el sometimiento con la misma responsabilidad con la que le acusan de haber prevaricado.
«Por tratarse de una funcionaria de influencia en el gobierno del presidente Luis Abinader, anunciamos de inicio de gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de una medida cautelar, que detenga cualquier despropósito del poder», advierte.
Ante el archivo de la denuncia por la DIGEIG, el día primero de septiembre, ADOCCO, sometió ante el Pepca al exministro Hernández, por omitir y ocultar en su declaración jurada de bienes el principal activo familiar: su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido.
«Se trata de Constructora Playa Morón, la cual no aparece en su declaración jurada de bienes, esta empresa fue registrada por Ángel Hernández, ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de Enero de 2022, mediante el número de registro 4754-2022», recordó.
Señala que esto ocurrió 7 meses antes de nombrarlo ministro de Educación, posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D.
La empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarios a la esposa del Ministro Ángel Hernández, Miriam de Jesús Acosta Peralta y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta, el 29 de septiembre de 2022.
«Justamente un mes después de que el exministro ocupara el cargo, la compañía realizó la compra de los terrenos o Inmueble identificado con el No. 414346065286, que tiene una superficie de 7,854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por lo cual pagó RD$ 31,095,000.00», indicó,
A Adocco llamó la atención un detalle, porque al revisar el precio referencial de los terrenos de esa zona, el valor estimado de una propiedad como la citada, supera los US$ 4,000,000.00, tampoco la propiedad no registra ningún gravamen actualmente, por lo que se presume que la compra de la propiedad fue realizada en efectivo.
Sin embargo, al ver la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor.
«La omisión de no inclusión de esta empresa en la declaración jurada de bienes del exministro Ángel Hernández, constituye una violación al Artículo 05 y el Artículo 08, Acápite 04, de la Ley 311-14, porque estaba obligado por ley a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal», afirma Adocco.
Además, indica que constituye, automáticamente, una violación de la Ley No. 155-17, que castiga el Lavado de Activos, por lo que ADOCCO, pide al Ministerio Público acoger formalmente la presente denuncia querella y solicitud de investigación criminal en contra de Hernández Castillo, exministro de Educación, por violar disposiciones penales, contempladas en la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, así como la Ley No. 155-17.
De igual Modo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), solicita, además, al ente persecutor que proceda a identificar a quienes junto a Hernández Castillo, participaron en los hechos que denuncia, así como recaudar los medios de pruebas pertinentes a los fines de formalizar la acusación penal correspondiente.
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