El Ministerio Público dispone de un plazo de 8 meses para culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo contra los imputados en una supuesta red de militares y civiles, acusados de estafar al Estado con más de 100 millones de pesos mediante sobornos.
Así se lo avierte el magistrado Rigoberto Sena, juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, al ente persecutor.
El magistrado declaró, además, complejo el proceso judicial seguido a los implicados y dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para todos los encartados.
La medida ordena que tiene una duración máxima de ocho meses, a menos que un tribunal competente decida sustituirla por una medida más gravosa si cambian los presupuestos que la originaron.
El juez dispuso que las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para recurrir esta decisión en apelación a partir de su notificación, conforme a los artículos 245 y 411 del Código Procesal Penal.
Medidas impuestas a los imputados
El juez Sena impuso arresto domiciliario a varios de los imputados, con la particularidad de que se les deben conceder todos los permisos necesarios para visitas médicas o cualquier otra diligencia urgente de carácter familiar que no amerite retraso.
El Ministerio Público ha sido instruido a no demorar estos permisos justificados con trámites burocráticos.
El tribunal dispuso arresto domiciliario para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Ramón Quezada Ortiz, Andrés Pacheco Varela, Wellington Peralta Santos, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y Luis Ernesto Vicioso Boció.
Mientras que impuso impedimento de salida del país a Carlos Ambrosio Robles Díaz, a Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Caamaño Pérez.
