La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), calificó “indignante, insólito y difícil” el orgullo que exhibe el Gobierno al suministrar las cifras como consecuencia de las deportaciones masivas de mujeres a cavadas de dar a luz, embarazadas y niñas de origen haitiano.
La organización social advierte que esas deportaciones colocan al Gobierno entre un pequeño grupo de mandatarios insensibles a los procesos migratorios del mundo de hoy y violatorios de derechos universalmente reconocidos.
Deploró, asimismo, los datos publicados por la Dirección General de Migración que revelan que en la última semana ha apresado y deportado a 186 embarazadas, 559 que parieron a sus hijos o hijas, así como 648 niñas haitianas; sin tomar en consideración el tiempo que esas personas tenían residiendo en el país ni tampoco respetar sus más elementales derechos humanos.
“Las están apresando en hospitales, sacándolas de sus viviendas, en el trasporte público, en lugares de trabajo, sin permitirle encontrarse con sus parientes, acción inhumana e injusta que el pueblo debería repudiar con todas sus fuerzas”, advierte ADESA.
El argumento del Gobierno para explicar esta cruzada contra inmigrantes haitianos, descendientes de haitianos es que se encuentran en el país sin permiso de residencia provisional o permanente, precisa el comunicado de prensa de ADESA.
Agregan que este argumento es insostenible porque es harto sabido que es el Estado Dominicano el que se resiste a dotar de la documentación para dotar de un estatus legal a los inmigrantes haitianos y a sus hijos nacidos en la República Dominicana.
En ese sentido, recordó que el Gobierno de Abinader jamás renovó los permisos migratorios a cerca de 155 mil haitianos que se acogieron al plan de regularización implementado en el último año del Gobierno de Danilo Medina.
Poner los hospitales públicos en poder de la Dirección General de Migración y permitirle a ese organismo apresar y deportar a parturientas y embarazadas es un acto de barbarie que ningún motivo puede justificar, afirma ADESA, una coalición que agrupa unas 56 organizaciones sociales.
“Esta barbarie no puede continuar. El Gobierno tiene que reflexionar y entender que está incentivado el odio entre dos pueblos amigos, que deben practicar la convivencia pacífica y entender que se necesitan uno a otro”, recalcaron.
Para ADESA ningún argumento legal, ni ultranacionalista, justifica redadas indiscriminadas, apresamientos o deportaciones arbitrarias, de las que son objetos los inmigrantes haitianos y sus descendientes. Por eso creen necesario que los buenos dominicanos eleven sus voces en favor del respeto a la dignidad, especialmente de mujeres y niñas.
