Xavier Carrasco
Vivimos en una era donde la justicia se ventila primero en redes sociales y, si acaso, después en los tribunales. Donde una avalancha de tuits, videos virales y “opiniones” cargadas de dolor, pero vacías de conocimiento jurídico, moldean la opinión pública y presionan al sistema judicial para actuar más con base en el clamor popular que en los principios fundamentales del Estado de derecho.
El caso del desplome del techo del centro de diversión “Jet Set”, que cobró la vida de 235 personas, es una dolorosa tragedia que, además, ha servido de reflejo social y legal para evidenciar cuán frágil es nuestra comprensión colectiva del derecho penal.
En medio del dolor legítimo, han surgido voces pidiendo “20 años para los dueños”, como si el Código Penal fuera una carta de restaurante emocional, lista para satisfacer el hambre de justicia, sin importar si lo que se está sirviendo es legalmente posible o no.
Desde la ignorancia penal más básica, se exige castigo ejemplar sin diferenciar entre homicidio involuntario y homicidio voluntario. Pero el derecho penal no se rige por la indignación, se rige por normas, principios y garantías.
El homicidio involuntario, según el artículo 319 del Código Penal Dominicano, se produce cuando una muerte ocurre sin intención, como consecuencia de la imprudencia, negligencia o violación de reglamentos. La sanción prevista: entre 3 meses y 2 años de prisión correccional, y multas que van de veinticinco pesos hasta cien pesos.
¿Cómo entonces se justifica que se exija una prisión preventiva de como mínimo seis meses en un caso cuya posible pena mínima a imponer es de tres? ¿Acaso olvidó el Ministerio Público lo que establece el artículo 241 numeral 2 del Código Procesal Penal, que prohíbe una prisión preventiva que supere el mínimo legal de la posible pena a imponer?
Más aún, parecería que se desconoce el principio de proporcionalidad que rige las medidas de coerción, las cuales no son penas, sino herramientas para asegurar que el imputado se someta al proceso. El artículo 226 del mismo código ofrece al juez siete opciones, siendo la prisión preventiva la excepción y la más extrema. No todo homicidio implica prisión preventiva, por más doloroso que sea el resultado. Lo que determina la medida es el peligro de fuga, es el entorpecimiento de la investigación o el peligro que pueda representar a las víctimas, no la gravedad emocional del hecho.
En ese contexto, la declaratoria de caso complejo también ha sido usada, o abusada, como solicitud automática, sin justificación clara. Este recurso, que debe aplicarse cuando la comisión delictiva, tal como lo establecen los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal Dominicano, es sindicada a más de un agente en la actuación delictiva, existe pluralidad de delitos, de víctimas o una complejidad real de la investigación, no puede ser invocada simplemente como excusa para aplicar sanciones anticipadas ni para complacer demandas mediáticas. El proceso penal debe ser técnico, no populista.
La pregunta que flota en el aire, tan inevitable como incómoda, es si todas las vidas humanas valen lo mismo para el sistema penal. La respuesta, en teoría, es sí. Pero en la práctica, el tipo penal atribuido, y por ende la pena, dependerá de la intención, del contexto y de la conducta desplegada. No es lo mismo matar por accidente que matar con dolo. El derecho distingue. Y debe hacerlo, aunque duela. Esa es su naturaleza.
El caso Jet Set no es solo una tragedia humana. Es también un caso que revela la lucha entre el conocimiento técnico y la justicia populista. Entre el derecho y la rabia. Entre lo que la ley establece y lo que el morbo exige. Y si algo nos debe enseñar esta tragedia, además del deber de exigir mayor responsabilidad preventiva en los espacios públicos, es la urgente necesidad de educar jurídicamente a nuestra sociedad.
Porque cuando la ignorancia grita, la justicia se tambalea. Porque el dolor exige justicia, pero solo el derecho puede ofrecerla sin destruirla.
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