Xavier Carrasco
República Dominicana, conocida por su economía dinámica, basada en el turismo, la exportación de productos agrícolas y zona franca, enfrenta un desafío silencioso, pero profundamente corrosivo: el impacto del narcotráfico y el lavado de activos.
Aunque el país ha mostrado crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, estos flagelos representan una amenaza para la estabilidad financiera, la seguridad social y la legitimidad institucional.
El narcotráfico, impulsado por la posición estratégica del país en el Caribe, ha convertido a la República Dominicana en un punto clave para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Según diversos informes, grandes cargamentos de sustancias ilícitas cruzan por sus costas, reforzando redes criminales que se infiltran en sectores económicos formales. Este fenómeno no solo genera violencia, sino que, también, distorsiona las dinámicas del mercado al inyectar dinero ilícito en su economía.
El lavado de activos es el complemento natural del narcotráfico. A través de esta práctica, los recursos obtenidos de actividades ilícitas son “blanqueados” para integrarse en la economía formal.
Esto se realiza mediante la compra de bienes raíces, la inversión en negocios turísticos y el establecimiento de empresas fachada. Como resultado, la economía se contamina, las reglas del libre mercado se alteran y los emprendedores legítimos enfrentan una competencia desleal.
La inyección de recursos ilícitos puede parecer, a primera vista, beneficiosa, ya que incrementa la liquidez en ciertos sectores y dinamiza el consumo.
Pero, su impacto a largo plazo, es devastador. Este dinero fácil fomenta la corrupción, debilita las instituciones públicas y crea una percepción de impunidad.
Además, al depender de actividades ilegales, la economía se torna vulnerable a cambios externos, como el desmantelamiento de redes criminales o el endurecimiento de sanciones internacionales.
Las autoridades dominicanas han implementado medidas para combatir el lavado de activos, incluyendo la creación de leyes más estrictas y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Sin embargo, el problema persiste por la falta de aplicación efectiva de estas normas, la corrupción en algunos sectores y la conexión entre el crimen organizado y figuras de poder.
El reto que enfrenta la República Dominicana es monumental, pero no insuperable. Para combatir el narcotráfico y el lavado de activos, se requiere una acción integral que incluya no solo el endurecimiento de las leyes, sino, también, una profunda reforma institucional, una mayor transparencia en la administración pública y una educación ciudadana que fomente la cultura de la legalidad.
Mientras el país siga permitiendo que el dinero ilícito fluya sin control, estará hipotecando su futuro. La República Dominicana tiene un potencial enorme para crecer de manera sostenible y equitativa, pero para lograrlo debe erradicar estos cánceres que amenazan con socavar su tejido social y económico.
La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a enfrentar esta batalla con la seriedad y el compromiso que exige.
*Autor: abogado de formación, dirigente PRM y comentarista de radio
