La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió anoche (lunes) la prisión preventiva impuesta como medida de coerción al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
En cambio, los imputados en el caso Camaleón deben pagar una garantía económica, presentarse periódicamente ante el tribunal y no podrán salir del país sin previa autorización de las autoridades.
El proceso judicial Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumple arresto domiciliario; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
A los impatos Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
A los imputados los acusa el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Esos delitos los tipifica y sancionan los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción.
También, el Código Penal Dominicano regula esos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. Además, se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
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