La convocatoria a vistas públicas sobre el proyecto de modernización, reforma, bombazo o paquetazo fiscal, depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso a principios del cursante mes, recivió observaciones de los actores que acudieron al llamado de la Cámara de Diputados.
Actores sociales: empresarial y social, han ido al llamado de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, organimso que tiene a su cargo estudiar el polémico proyecto legislativo, sin dar de lado a las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores.
Utilizaron su turno para destacar el rechazo que siente ante la visión tributaria plasmada por el Gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada. Las vistas públicas transcurren mientras en las afueras del Congreso decenas se reunieron para pedir el retiro de la propuesta.
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), Crhistian Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta ese sector y busca acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional, por lo que entiende su enfoque de los tributos no debe afectarlas (fiduciarias) para continuar con el desarrollo del país.
Aseguró que se entregaron a finales del año pasado más de 5,000 hogares por medio de proyectos elaborados junto a una fiduciaria, generando un flujo de 170 mil millones de pesos en préstamos al sistema bancario.
“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primera casa. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó. Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.
Annerys Meléndez, representante de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), coincidió con esta posición, detallando las falencias que significan los tributos, estableciendo que eliminar las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5 % para el consumidor.
También, teniendo en cuenta que de ser agravada la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando a un más su costo, igual, los precios de alquileres no disminuirían porque las casas de este tipo entrarán en una etapa de escasez.
Eliminar las exenciones y la reducción de 9 a 5 millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59 % de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación. Disminuyendo en 57 mil millones de pesos lo aportado por el sector.
Cine hace su defensa
El presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó esa industria está conformada en actualmente por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias, tras explicar que 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias, quienes pertenecen a la industria cinematográfica, que aporta 25,000 empleos.
Defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado. “El 55 % de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, observó.
Resaltó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.
“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículo de alquileres en todo el país”, dijo. Hans reconoció que es necesaria una readecuación de la ley. Pero, pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.
Otros actores
Además, presentaron su posición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja: el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.
Además de no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas, como el aumento del salario mínimo, reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental y la nómina pública, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Igual, plantean proteger los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar de los impuestos. Consideran necesaria ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos. El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), solicitó cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.
“Inconstitucional”
El pasado candidato presidencial por el partido Generación de Servidores, Carlos Peña, mostró preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, asegurando una supuesta ilegalidad. Dijo se viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece crear el Consejo Económico Social (CES).
“Si la aprueban sería caer en un acto de inconstitucional. Es por eso que llegaríamos una instancia al TC para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó.
Aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader superó, durante su primer cuatrienio en 2020-2024, la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45 mil millones de dólares en préstamos. “Planteamos no modificar ni revisar nada, pedimos el retiro del proyecto”, afirmó.
En una líea parecuda se pronunció la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, tras calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.
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