Oscar López Reyes
Está cerca el instante en que dominicanos y haitianos pugnarán en batallas campales, con detonaciones desagradables, en hospitales, escuelas, centros laborales, barrios y otros escenarios, para salvaguardar los nativos espacios y derechos que les están siendo arrebatados por extranjeros ilegales. Desde 1687, ha tenido resonancia la tercera ley del físico y matemático inglés Isaac Newton: toda acción provoca una reacción igual y opuesta.
Otro ingrediente fastidiosa e irritante se trenza por la presencia masiva de oriundos isleños en territorio dominicano, que está desencadenando un choque cultural, con el predominio idiomático, los hábitos personales extraños en la vía pública y otros relativos a un comportamiento que colisiona con el de los criollos. En muy pocos el color opera como arma arrojadiza en los reaccionantes.
El tropel flecha en la tirantez, por los despojos y los elementos extraños que invaden el cuerpo social. Los primeros brotes enfrentamientos resuenan como advertencia. Y, en el filo de esa navaja, el Gobierno ha dispuesto la repatriación de un estimado de 10 mil ilegales por semana, en la aplicación de la Ley General de Migración 285-04.
La soberanía nacional tiene que ser resguardada con firmeza, sin asuntar a las presiones por instancias internacionales ilegitimas. Habrá otro circo para tratar de crucificar a la República Dominicana, especialmente por la denominada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya injerencia ha sido rechazada por Estados Unidos, Cuba, Colombia, Bolivia y otras naciones.
Para nadie es un secreto que se busca que todos los ilegales haitianos sigan pisoteando las leyes y las costumbres dominicanas, e incluso que sean declarados como dominicanos. Los últimos presidentes han recibido consistentes intimidaciones hasta por las autoridades de Haití, que ha estado controlado por tropas foráneas y el narcotráfico.
Ya sabemos de la archi-traición del ex presidente Danilo Medina, quien, arrodillado ante la coacción de que a la República Dominicana le aplicarán sanciones exteriores, cayó en la trampa de auspiciar la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 169-14 sobre Naturalización, para derrumbar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que considera como nacionales solo a los nacidos en el territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.
Los del habla creol que no soportan las miserables condiciones de vida en su lar nativo y encuentran refugio en nuestro suelo, siguen exhibiendo resentimientos y una conducta anormal, hasta el extremo de que con frecuencia profanan la bandera nacional. Internamente, tienen como punta de lanza a William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, y el ex cónsul Edwin Paraison, quienes mediáticamente son más realzados que defensores de la patria.
Como no quieren recibir a más pronunciantes del gourde, los Estados Unidos propagan que en nuestro país se ejerce violencia xenófoba contra ellos, arreciando las denuncias y presiones para que el gobierno dominicano nacionalice a todos los sin papeles. Aparentemente estimulado por ese respaldo, han cometido el atrevimiento de bailar frente al Palacio Nacional, con voces de irrespeto al presidente Luis Abinader.
En esta circunstancia, indigna escuchar decir a figuras públicas que las instituciones dominicanas no deben aplicar la Carta Magna ni las leyes que no sean del agrado de potencias extranjeras ni de organismos internacionales, y abogan porque se interrumpa el orden legal. Lastiman esos extraños que no parecen ser hijos de la patria, que maliciosamente manipulan la responsable y venerable sentencia del Tribunal Constitucional, y que nunca han censurado la persistente decisión unilateral de Haití de suspender la entrada de productos dominicanos.
Sería una afrenta a la dignidad nacional siquiera discutir, rodeado de oponentes, la no aplicación de la disposición legal que regula los flujos migratorios de extranjeros. Esa anormalidad no ocurre en Haití con los extranjeros, como tampoco en Cuba, Estados Unidos, Canadá o Francia, donde los que arriban sin documentos, sean haitianos o suizos, son devueltos como deportados, porque las leyes se cumplen y cuidan los empleos y la salud.
Estamos compelidos a respetar el derecho soberano de la República Dominicana de regular la entrada y salida de forasteros. Las leyes no se negocian, se cumplen, y el que no lo haga atentará contra el orden institucional.
Si dos países pobres se juntan en uno solo, sobrevienen el caos y la crisis más aguda. El pobre que cargue con la miseria del otro más pobre, ambos serán dos veces más pobres. Ningún organismo parcializado puede venir desde fuera a imponernos decisiones que vulneran la voluntad libre de los dominicanos.
La repatriación masiva representa la salvación de la patria, y los partidos políticos se volverán impopulares si no asumen principios y se plantean la defensa de la soberanía, sin dar preferencia a las prebendas y ni a la politiquería. Levantar la bandera del pretexto sobre el respeto a los derechos humanos y buscar los mentados “bajaderos” significará auspiciar choques mortales entre dominicanos y haitianos. Esa batalla está más cerca de lo imaginable.
*Autor: periodista-mercadólogo, escritor, artículista, expresidente CDP
