Aunque en cualquier país del mundo las personas migrantes pueden protestar pacíficamente, así como exigir sus derechos en caso de cualquier conculcación, en la República Dominicano no está permitido al menos con la comunidad haitiana residente en este lado de la isla.
El Ministerio de Interior y Policía, a través del viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización, desmintió esa entidas haya autorizado una marcha convocada para este sábado 15, por la diáspora haitiana en el Este del país, a través de diferentes redes sociales, así como de medios de comunicación.
El viceministro Juan Manuel Rosario afirmó que el MIP mantiene «firme su política migratoria» con apego a las normativas vigentes, las cuales prohíben la permanencia de extranjeros al margen de la ley y la Constitución.
Dijo el funcionario que intentar obligar al Estado Dominicano, mediante marchas u otro tipo de protestas, a que no aplique su política migratoria, a que no respete las leyes migratorias es contraproducente para el mantenimiento de la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en la República Dominicana y violarían la Ley No. 285-04 de migración; tal situación reclama al Ministerio de Interior y Policía a implementar el artículo 122, inciso 1 de la Ley de Migración 285-04.
Rosario recordó que bajo ningún concepto los extranjeros, ni los nacionales que asuman posición en tal sentido, pueden realizar actividades en el territorio nacional que contravengan, no sólo las normas internas, sino también la tradición del derecho americano y el derecho internacional en general; por ejemplo, cita lo establecido en el artículo 4 de la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, que afirma que: «Los extranjeros observarán las leyes del Estado en que residan o se encuentren y demostrarán respeto por las costumbres y tradiciones del pueblo de ese Estado».
Asimismo, manifestó que el artículo 2 de la Convención sobre la condición de los extranjeros en los territorios respectivos de las partes contratantes, de la cual tanto la República Dominicana como Haití son parte, establece que «Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, a la jurisdicción y leyes locales…».
Es la segunda ocasión que la institución sale al frente a las intenciones de la diáspora haitiana en el país, ya que en julio pasado el Ministerio de Interior y Policía se vio precisado a realizar la misma advertencia ante aprestos similares. Ante el comunicado emitido por el MIP en esa ocasión fue desconvocada una marcha que se tenía prevista para exigir a la comunidad internacional que intervenga en la grave crisis que atraviesa el vecino país.
Juan Manuel Rosario, indicó que el gobierno de la República Dominicana ha reiterado que mantiene sólida su posición respecto a su estricto apego a los lineamientos que consigna la citada normativa legal y la Constitución dominicana.
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