La cárcel La Victoria es un «monumento a la indignidad humana» y un «símbolo permanente de violación de los derechos humanos» de los privados de libertad, en su mayoría presos preventivos, lo que constituye un fracaso del sistema de administración de justicia penal en la República Dominicana.
Esa afirmación la hace el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que solicitó, además, demoler de inmediarto esa cárcel.
Trajano Potentini, presidente del CARD, deploró las condiciones infrahumanas en que viven los internos del denominado viejo modelo penitenciario.
«Una vergüenza que aún persiste en más de la mitad de toda la población penitenciaria del país, constituyéndose estos recintos carcelarios en verdaderos antros de corrupción, universidades del crimen y centros de operación al servicio de la criminalidad organizada», dijo Potentini.
Consideró que La Victoria «retrata la quiebra del Estado Social y Democrático de Derecho», inobservando el más básico, elemental e instrumental de los derechos fundamentales: «la dignidad humana, protegido por nuestra constitución, incluso también con categoría de principio y valor constitucional».
Propone unificar viejo modelo con el nuevo.
El Colegio de Abogados entiende que ya es tiempo de desterrar esa cultura de descuido y desatención, de quienes guardan prisión, proponiendo en concreto, hacer acopio de la experiencia y exitoso funcionamiento del nuevo modelo penitenciario, en consecuencia, disponiendo de los recursos y personal necesario para unificar bajo el nuevo modelo penitenciario todo el sistema.
La solución planteada se traduce en más presupuesto, con la voluntad política del gobierno, asumiendo los costos, terminando la cárcel de las parras, además de intervenir y adecuar de emergencia los centros carcelarios del antiguo modelo penitenciario.
Pide al gobierno indemnizar a los familiares de los 13 fallecidos en incendio de la victoria. El presidente de los abogados lamentó el siniestro que cobró la vida de unos 13 internos y peor aún, con apenas menos de una semana ya se registra otro incendio, ratificando las pobres condiciones del recinto carcelario.
Insta al gobierno a indemnizar a los familiares de los 13 internos que perecieron en el incendio, ciertamente la negligencia del gobierno al mantener estos centros carcelarios abiertos, sin las condiciones mínimas para albergar seres humanos, lo que sin lugar a duda se traduce en una falta, que compromete la responsabilidad civil y patrimonial del Estado Dominicano y sus funcionarios
