La sanción que los Estados Unidos hizo a más de 100 diputados guatemaltecos por su interferencia en el proceso electoral, que buscan impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo de León, se juramente en el cargo el 14 de enero de 2024, encontró rechao en el el actual presidente Alejandro Giammattei, asegurando que la decisión soberana del gobierno norteamericana «atentan contra la soberanía nacional» de Guatemala.
Giammattei, se comprometió, también, mediante un comunicado de prensa, a entregar el poder el próximo 14 de enero de 2024, como establece la ley, al electo presidente, Bernardo Arévalo de León.
«En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos», dijo el gobernante guatemalteco.
Sobre los Estados Unidos, Giammattei, no se refirió específicamente al retiro del visado este lunes más de 100 diputados, como oficializó el Gobierno de Joe Biden, pero sí hizo énfasis en la relación entre ambas naciones.
«Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de los Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral», expuso.
El presidente solicitó a miembros de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos a que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala.
Se recuerda que este lunes, los Estados Unidos anunció que prohibió entrar a su territorio a más de 300 guatemaltecos, entre los que hay 100 diputados del Congreso, por «socavar la democracia» del país centroamericano.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, condenó en un comunicado «las acciones antidemocráticas» del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala en contra del presidente electo.
Miller, puso como ejemplo las órdenes de arresto contra trabajadores electorales, solicitud para retirar la inmunidad judicial de Arévalo de León e intentos para anular los resultados electorales.
Según la Administración Biden, todas estas acciones demuestran la «intención clara de deslegitimar» las elecciones e «impedir» la toma de posesión de Arévalo de León en enero, y suponen una violación a la Carta Democrática Interamericana.
Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía guatemalteca ha perseguido judicialmente a Arévalo de León y a su partido, el Movimiento Semilla, tras ganar los comicios.
El propio Arévalo de León denunció el pasado 1 de septiembre que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un «golpe de Estado» en su contra junto a «otros actores corruptos» para evitar que tome posesión el 14 de enero.
