El gobierno rechaza que República Dominicana sea «apatrida» como le acusa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que insta al Estado a erradicar esta practica, cuya acusación se sustenta en la sentencia TC/0168/13, del Tribunal Constitucional, mediante la cual miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana fueron despojadas-os de su nacionalidad.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX), en representación del Estado dominicano, rechaza esta acusación de la CIDH, organismo que defiende los derecho humanos de las personas en todo el mundo.
Señala que el Gobierno dominicano toma nota de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH, y reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
«Sin embargo, el Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos», dice el gobierno.
Reitera que el país ha realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, que incluyen la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, ampliamente respaldada por la sociedad dominicana.
«La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13, y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos», expuso.
Precisa que de los más de 60,000 a los que se ordenó darle sus documentos como dominicanos y dominicanas, sólo 26,123 acudieron a retirarlos, mientras que los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento.
Reitera que el Gobierno dominicano está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad, y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
Además, indica que el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio y que, tampoco, existen en el país políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo, que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares.
Reitera, de igual modo, el objetivo que plantea el gobierno dominicano en la política exterior de República Dominicana, que como eje estratégico de acción contempla la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, consagrados en su Constitución y los tratados internacionales.
«Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH, para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana», señala.
