Ante la privación de nacionalidad más grande en la historia de Américalatina y el Caribe, varias organizaciones exigen al gobierno dominicano respetar, promover y proteger los derechos humanos de dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la Sentencia TC-169-13 del Tribunal Constitucional.
Asimismo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Dominican@s por Derecho, Red Jacques Víau, así como Robert F. Kennedy Human Rights, exigen, además, al país, a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de estas personas a la nacionalidad y la no discriminación.
«Hace una década, el Tribunal Constitucional despojó de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. Las medidas posteriores adoptadas por el Estado, principalmente a través de la Ley 169-14 que buscó proveer una vía para regularizar y dar la nacionalidad as personas afectadas, no han sido eficaces», exponen.
Manifiestan que a lo largo de esta década, el «racismo» y la «discriminación racial» persisten y quienes están afectados siguen sufriendo los efectos negativos de la «desnacionalización», así como los mecanismos adoptados por el Estado para ayudar a remediar los efectos de la Sentencia no han sido debidamente implementados.
«Sólo en 2022, se llevaron a cabo numerosas detenciones arbitrarias y deportaciones masivas sin el debido proceso. Entre enero y noviembre de 2022, más de 136 mil personas fueron expulsadas a Haití, entre ellas 1,800 niñas y niños no acompañados y 300 mujeres embarazadas. Durante esta década, la sociedad civil local e internacional, así como diversos organismos internacionales de derechos humanos han condenado la práctica racista del Estado dominicano de impedir el derecho a la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana», explican.
Precisan que a lo largo de los años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y varios Relatores Especiales de la ONU han denunciado las múltiples violaciones de derechos humanos que ejecuta República Dominicana.
«Por discriminar racialmente, detener arbitrariamente, impedir el acceso a la salud y expulsar a personas dominicanas de ascendencia haitiana. Asimismo, diversas redes y organizaciones de la sociedad civil no han cesado en la denuncia de estos hechos, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan», indican.
En el décimo aniversario de la Sentencia TC-168-13, reiteran su llamado al Estado dominicano para que elimine la práctica sistemática de racismo y discriminación racial, cesar las detenciones arbitrarias y expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y en su lugar implementar un proceso accesible y eficaz para recuperar la nacionalidad, y garantizar el pleno goce de los derechos humanos.
