Benny Rodríguez
Diversos sectores (religiosos, económicos, políticos, de derechos humanos, gobiernos, organismos regionales), tanto endógeno como exógeno, presionan la administración de gobierno que preside el presidente Luis Abinader para que disponga la reapertura de la frontera dominico-haitiana.
Solo un puñado de «ultras nacionalistas», que se creen defensores de la patria, hacen causa común con el actual gobierno en su disposición de cierre absoluto de la frontera que comparten República Dominicana y Haití, pese a que la medida no solo perjudica a sus vecinos, sino a ciudadanos de nuestro propio territorio.
A mediados del presente mes (viernes 15 de septiembre), el Gobierno dominicano anunció que a partir de las 6:00 de la mañana del citado día la frontera que comparte con su vecino seríá cerrada absolutamente.
La decisión que adoptó el gobierno de este lado de la isla, se debe a que los haitianos (del lado de su territorio) y pese a los llamados hechos por República Dominicana, Haití no para de construir el canal sobre el río Masacre, con el propósito de desviar sus aguas, que resulta la tea de la discordia entre ambos.
Cada día se aprecia que el conflicto se torna más álgido, tanto de un lado como de otro, con posiciones de cada uno de los gobiernos, en el caso de la parte haitiana, defiende el derecho que tienen a hacer uso del agua del afluente binacional, mientras que la parte dominicana cuestiona el inicio del proyecto porque afecta a su territorio.
Se puede correr la rosca
La cosa entre los dos países está en un punto que, si ambos continúan “apretando la tuerca, se puede correr la rosca”, porque pudiera generare una situación de impredecibles consecuencias, sobre todo, para República Dominicana, quien tiene más que perder frente Haití, ya que pese a sus problemas es más estable y prospera que su vecino.
Cuando tocó su turno en la recién Asamblea de Organización de las Naciones Unidas (ONU), el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que lo hizo luego que de su par dominicano Luis Abinader, el líder haitiano dijo que su país no está en “guerra con nadie”, pero defendió el derecho que tiene su nación a usar el agua del río Masacre como, también, le asiste a República Dominicana.
Nuevamente este lunes, Henry, reiteró su apoyo a la construcción del canal que realizan grupos en el río binacional, que comparte con República Dominicana, lo que indica un desinterés al pedimento de las autoridades vecinas de ponerle fin a esta infraestructura.
En principios las autoridades haitianas, bajo la rectoría del actual primer ministro, habían expresado a las dominicanas que no era una construcción del Estado, pero ahora le da el aval, con lo que modifica su discurso de cierto distanciamiento con el proyecto, quizás presionado por la propia situación interna que vive Haití, como resultado de la oposición que tiene, incluso de los propios grupos al margen de la ley.
República Dominicana, por su parte, insiste en que se trata de un proyecto ilegal que la perjudica, por lo que mantiene su postura de que la obra debe ser paralizada por parte de sus vecinos, lo que pondría fin al cierre fronterizo.
El gobierno de este lado de la Hispaniola, acusa, en cambio, formalmente a Haití de violar el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, con su respaldo a la construcción del canal para el trasvase de agua del rio Masacre, sin consultar a la parte dominicana.
En un comunicado la tarde de este lunes, las autoridades dominicanas, afirman que Haití “nunca comunicó oficialmente al República Dominicana información técnica que permitan establecer los objetivos, beneficiarios o impacto del proyecto”.
Sostiene que, en virtud de los riesgos que implica ese canal, “era obligación del gobierno haitiano compartir con el dominicano toda información sobre el proyecto de riego”.
Dentro y fuera
Aunque el actual gobierno luce un tanto menos beligerante en su postura y un poco más flexible que hace dos semanas sobre el cierre de la frontera que afecta el intercambio comercial, aun el presidente Luis Abinader no da marcha atrás a su decisión de mediados de septiembre de cierre de la frontera.
La actual administración recibe presión, no solo internamente, sino desde el exterior, como es el caso del más alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden, con la posición del Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien literalmente solicitó reabrir la frontera.
Además, los obispos dominicanos, tanto individualmente como a través del organismo que los agrupa: la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), solicitan al gobierno de Abinader reabrir los puntos fronterizos, además, advierten de las declaraciones de nacionalistas, a los que acusan de usar un lenguaje agresivo e imprudente.
Además, sectores políticos, no tan claros como lo hace el clero, quizás por el contexto político que vive el país, ya que para el próximo año están pautados los comicios para los distintos niveles de elección, han pedido a las autoridades ser comedidos, prudentes e inteligentes frente al conflicto con Haití.
Tanto la Iglesia Católica como el liderazgo político que ha intervenido en el debate, exhortan al gobierno escoger la ruta de la diplomacia regional para dirimir el conflicto que tiene con su vecino, lo que comenzó Haití, para explicar el derecho que tiene de usar el las aguas del río binacional y que imitó República Dominicana, luego del anuncio de los haitianos, que en cuanto al tema parecen llevarnos millas.
Ante la disposición de diálogo que tiene República Dominicana, el que expresó la vicepresidenta Raquel Peña, el pasado domingo 24 de septiembre, Día de las Mercedes, sobre todo, luego de la intervención de Blinken al debate, indica que al conflicto con Haití le queda muy poco, por la influencia geopolítica y el peso que tiene Estados Unidos, tanto en Haití como en Quisqueya.
