El presidente de la República Luis Abinader afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que República Dominicana busca confrontar con Haití, sin embargo, advierte que seguirá adoptando cuantas medidas sean necesarias para enfrentar a grupos que generan inestabilidad.
“No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen inseguridad en Haití por sus intereses particulares, y que ahora conspiran, también, contra la estabilidad de su Gobierno y la seguridad de los recursos hídricos”, argumentó.
Reiteró que la principal responsabilidad del Gobierno es defender los intereses del pueblo dominicano, y que así lo seguirá haciendo.
Durante su segunda comparecencia en este espacio, el mandatario abogó y respaldó la posición expresada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por el urgente despliegue de una misión de seguridad en Haití, que respalde la ONU, que permita llevar paz y control al vecino territorio.
Agradeció el esfuerzo de Kenia de liderar la fuerza multinacional, así como el de Jamaica y Bahamas, de aportar efectivos.
“Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica”, indicó el presidente Abinader.
Agregó que debe asumirse un pacto social y político que, además, permita la celebrar elecciones justas, libres y transparentes.
Cierre de la frontera
Al referirse a la situación actual que enfrenta República Dominicana con Haití, con el cierre de la frontera, dijo que se agudizó por la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón, en violación de los tratados fronterizos domínico-haitianos.
“La información que disponemos indica que es una maniobra de control del agua por parte de una reducida élite económico-política, para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona”.
“Desde abril de 2021 nuestro Gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces, detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio Gobierno haitiano señala que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido, producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera”, explicó.
Indicó que análisis realizados demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal.
Además, pone en peligro de inundación tanto al parque industrial CODEVI, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 19,000 trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. También, afectaría la Laguna de Saladillo, uno de los principales humedales del país caribeño.
