La magistrada Lissa Veras, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o El Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo, como medida de coerción garantía económica de RD$ 500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica, a los imputa el Ministerio Público de «desfalco» en el Ministerio de Agricultura.
Veras, impuso la medida a Domínguez Solano y Paredes Elizondo, en cuya audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Camacho, dijo a la salida del tribunal que los imputados admitieron los hechos, pero entiende que hay que respetar la decisión de la jueza, pero que no la comparten, ya que, a su juicio, lo que procedía era imponer prisión preventiva.
«Para este Ministerio Público corrupción es corrupción sin importar que se robe un peso del erario público o se roben millones de dólares», afirmzó Camacho, quien estuvo acompañado de los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Aurelio Valdez y Yoneiby González.
Señaló que el compromiso del ente persecutor es seguir persiguiendo la corrupción, en cualesquiera de sus manifestaciones e independientemente de si se trata de montos pequeños, medianos o grandes, ya que están empeñados en garantizar que no haya impunidad y para que no se lleve el mensaje de que el que «roba poco no le va a pasar nada».
Ni los imputados ni sus abogados hablaron luego del conocimiento de la medida de coerción.
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