Santo Domingo.- Hace más de un año que diversas organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana ven con cierta tristeza, unas prácticas de gestión de las Migraciones por parte de las autoridades que entran en contradicción con las leyes dominicanas vigentes, incluso con los acuerdos internacionales suscritos libremente por el país.
Señalan que la Dirección General de Migración, auxiliada por la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana, bajo el pretexto de “controlar” los flujos migratorios, intensifica la realización de unos procesos de detención de migrantes en mercados, salas de espera de hospitales, zonas universitarias, residenciales, calles de gran movimiento de comercio informal, lugares de trabajo e incluso allanando viviendas con el fin de realizar expulsiones colectivas de inmigrantes, procedimientos afirman están proscritos por el Derecho Internacional.
“Entendemos que las migraciones constituyen un fenómeno global donde intervienen determinantes económicos, políticos, sociales, culturales e incluso ambientales. La conexión de estos factores explica la presencia en nuestro país de una significativa población de extranjeros y extranjeras, actualmente el 5.6% de la población, cuyo único propósito ha sido y es buscar oportunidades, libertad, medios de vida e insertarse en el mercado laboral”, indican en una carta pública.
Reconocen que la regulación y control del movimiento de las personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y soberano del Estado dominicano, pero de igual modo este (Estado dominicano) y sus autoridades tienen que comprender que las formas en las que se realiza esta regulación y control no pueden violar derechos fundamentales de las personas ni contravenir los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por República Dominicana.
“Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos al Sr. Presidente de la República, Sr. Luis Rodolfo Abinader Corona, que se comprometa con la defensa de los derechos humanos, en la necesidad de adoptar las garantías al debido proceso en la ley migratoria y a encontrar un espacio con los diferentes agentes sociales (sindicatos, empresarios, ONG´s, iglesias, organizaciones de migrantes, partidos políticos, etc.) para abordar un compromiso social y político por un nuevo modelo de gestión de las migraciones más
eficaz y que respete los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en la República Dominicana”, precisan.
Se recuerda que desde hace un año el gobierno de República Dominicana, sobre todo, luego que el presidente Abinader diera “luz verde” para detener y deportar a personas migrantes, sobre todo, de la población haitiana, la Dirección General de Migración (FGM), redobló las repatriaciones de extranjeros, principalmente del vecino país de Haití.
LEA CARTA QUE ENVÍAN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL PRESIDENTE ABINADER
carta abinader
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