Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), apoyó el trabajo que desarrolla la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia toda persona que cometa algún delito, incluyendo por actos de corrupción.
El caso que se conoce desde el pasado domingo es el resultado de una investigacion que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se conoce en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
«Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes presentados desde el 2020», expresa.
Sobre la «Operación Calamar» adelantan que estudiaran el expediente, respaldaran a cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.
Participación Ciudadana, solicitó apego al debido proceso y que sus expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces.
«Para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo», expone.
Rechaza, asimismo, cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que afirma, atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial.
Llama al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a que encamine sus inconformidades por la vía legal.
«Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa. Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo», precisa.
Recordó que décadas lucha por el fin de la corrupción e impunidad, considerando que este es justo el momento propicio para avanzar en ese gran objetivo nacional.
Llamó a sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a mantenerse «unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad».
