La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este martes que el objetivo de los jueces que dictaron el fallo en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita tenían «el objetivo» de condenarla, tal como ocurrió.
La exmandataria, de abogada de formación, analizó el manejo de la causa y expuso una serie de arbitrariedades mediante las cuales, consideró fue sentenciada.
«Esto no es ni ‘lawfare’ (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales», dijo.
«Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio», señaló en referencia al Grupo Clarín.
El Tribunal Oral Federal número 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.
Antes del pronunciamiento de la vicepresidenta, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, sugirió que los jueces que dictaron la sentencia podrían ser denunciados por prevaricato, una figura que castiga a los jueces cuando emiten una sentencia arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
«Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esto recién empieza. Escuchen hoy a Cristina Fernández de Kirchner y tranquilos», escribió Dalbón desde su cuenta de Twitter.
La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga fueros por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.
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