Nueve años después de la fatídica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), el Estado dominicano continúa y agudiza los procesos de segregación, así como de desnacionalización de más de 90 personas (de ambos sexos) que nacieron en este lado del territorio de la Hispaniola, denunció este miércoles el colectivo Dominicanos x Derecho.
La organización que acompaña a los afectados por el fallo, denunció que el Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas causados por la TC 168-13.
Afirman que, a pesar de las promesas de solución y formar parte de su programa de gobierno, las actuales autoridades recrudecen la lógica de acoso y discriminación de nacionales por el origen migrantes de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social.
Durante una manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional, el colectivo señaló que hace dos años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, dejando nuevamente en el limbo a los 7,948 dominicanos/as que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización y se les entregó una documentación provisional.
Precisan que actualmente esos documentos están vencidos y no tienen ninguna respuesta de las autoridades sobre los mecanismos de acreditación de su nacionalidad.
Refirió que Interior y Policía, también, hace caso omiso a los dos decretos presidenciales: 262-20 del expresidente Danilo Medina y 297-21 del actual mandatario, Luis Abinader, que concedieron la nacionalidad por naturalización especial a 799 personas ya que no ha notificado ni permitido que los beneficiarios completen el procedimiento para obtener los documentos que acrediten su nacionalidad.
“Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país. El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado, lo que vulnera el derecho al libre tránsito y limita las oportunidades de progreso. En lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominican@s de su propio país”, manifestó.
En los últimos dos años se ha agravado la situación de dominicanos que viven en comunidades rurales y urbanas marginales, debido a su condición de indocumentación. Las autoridades realizaron detenciones arbitrarias y más de 800 intentos de expulsión de ciudadanos nacionales en este país, agregó.
“Reiteramos el llamado al presidente Luis Abinader a retomar los espacios de trabajo, escuchar las voces de las y los dominicanos afectados por la negación de sus documentos y falta de acreditación de su nacionalidad, le invitamos a conocer la realidad de sus comunidades y avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven”, dijo el colectivo.
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