República Dominicana, está «en la mira» Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ya que según el informe semanal sobre el estado de libertad de prensa en las Américas que presentó el organismo, es de los países en «rojo» como un territorio que atenta contra este derecho fundamental en las sociedades globales.
De acuerdo al informe, en el Congreso Nacional se elude la ley de libre acceso a la información, un ejemplo es que cuando Listín Diario solicita información al Senado o Cámara de Diputados, los datos son escasos, lo que restringe los derechos constitucionales y leyes de acceso a la información pública.
El color (rojo…) con el que la Sip marca al país caribeño, denota que no es posible ejercer esa libertad el periodismo.
Ecuador, tiene una situación parecida a la dominicana, debido al mal estado para ejercer la libertad de expresión, pero terminó la semana con un naranja leve en torno al revuelo por la Nueva Ley de Comunicación que busca implantar la censura previa y promover la autocensura.
En el mimo orden Brasil se volvió a mostrar en rojo y naranja producto de que la justicia brasileña sentenciaba tres sospechosos por el asesinato en junio del periodista británico Dom Phillips y el experto en asuntos indígenas Bruno Pereira.
En México, a pesar de sus tonos más claros que la semana pasada, sigue sufriendo ataques a sus periodistas. La semana pasada, Colombia y Costa Rica mostraban mejoría.
A diferencia de estos, Paraguay fue esta semana el país con mejor clima para ejercer la libertad de expresión. Este informe se publica por los datos recopilados del SIP Bot, herramienta de monitoreo en tiempo real basado en Anteligencia Artificial (IA).
La libertad de prensa es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios: impresos y electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerza libremente.
Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Esto implica la prohibición de la censura previa. Su preservación puede obtenerse a través de protecciones constitucionales.
