El presidente Luis Abinader informó al Consejo Económico y Social (CES), que bajo ningún concepto su administración impondrá la reforma constitucional propuesta si esta no cuenta con la comprensión y el aval de los sectores políticos.
Indicó que el Poder Ejecutivo (PE), requiere, especialmente de los partidos políticos que tienen incidencia en el Congreso Nacional, que comprendan y acepten la reforma a la Carta Magna.
La posición de Abinader la externó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en la reunión de cierre de la Mesa de Transparencia e Institucionalidad, del Consejo Económico y Social.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, @AntolianoPR, afirmó este miércoles que el presidente @luisabinader no impondrá una reforma a la Constitución, si el aval del liderazgo político. https://t.co/x8bUkMnzVL#NoticiasRNN #PoderEjecutivo #LuisAbinader #AntolianoPeralta pic.twitter.com/xGtvf3QSLQ
— Noticias RNN (@NoticiasRNN) May 11, 2022
“Bajo ningún concepto la administración de Luis Abinader impondrá esta o ninguna otra reforma si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo, de los que tienen incidencia en el Congreso”, señaló Peralta en su intervención, a nombre del mandatario esta mañana.
Señaló que el Gobierno no impulsará la reforma a la Constitución de la República que propeso si no es por la vía del consenso, “ya que este gobierno no se enmarcará en acciones deleznables que contradigan las normas establecidas y las normas éticas que deben regir cualquier administración”.
Peralta, dijo que el presidente Abinader garantiza y reitera que el impulso a esta reforma constitucional «no será utilizado para tocar otros temas», a propósito de los rumores de una posible habilitación del expresidente Danilo Medina para poder presentarse a los comicios del año 2024 y a la reducción del 50% más uno de los votos para ganar en una primera ronda electoral.
El Poder Ejecutivo entiende que sus propuestas presentadas resultan «ser oportunas, necesarias y trascendentes».
Entre las reformas sugeridas citó: lograr disminuir de más de doscientos mil (200,000) ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo veinticinco mil (25,000); la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes.
También, fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos; independencia real del Ministerio Público, a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura.
“No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso dado que este gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir la administración pública”, afirmó.
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