Dante Ortiz Núñez
El origen de los problemas políticos-sociales de la nación dominicana se sitúa en el marcado desencuentro entre Estado y sociedad política. Esto así porque desde la proclamación del mismo en 1844 fue cooptado por la oligarquía que ha estado usufructuándolo y bloqueando el imprescindible pacto político-social entre el mismo y la sociedad civil y que este actúe a favor de toda la nación y no sólo a favor de una minoría de plutócratas.
Ese desencuentro se ha ido profundizando en la medida que el uso instrumental de los recursos estatales para acumular capitales vía extracción absoluta de plusvalía, y la acumulación por despojo, es decir, desvío de recursos económicos financieros para uso personal, familiar y grupal; y, la reproducir capitalista propiamente dicho.
Pues las mismas han requerido de anular la operatividad de las instituciones oficiales, bloqueando la aplicación de la Constitución y las leyes, además de esquivar la asignación de personal con los perfiles adecuados para el correcto desempeño y cumplimiento de los objetivos sectoriales de cada agencia del Estado.
La literatura con la que me formé, asigna al Estado un rol de intermediación entre el capital y la sociedad civil, (especialmente con el trabajo).
Es históricamente demostrable que tal rol nunca ha sido desempeñado por el Estado dominicano. Pues como quedo dicho, los grupos detentores del poder económico al instrumentalizar los distintos poderes estatales y sus dependencias, han estado bloqueando que se creen las condiciones para el desenvolvimiento institucional y la vigencia de las leyes y el debido estado de derecho.
A lo largo del siglo XIX la escasa capacidad funcional de los aparatos recaudadores hicieron inviable la operatividad estatal, generando caos, gobiernos de corta duración y administraciones autoritarias, lo que estaba dado por la heterogeneidad dominante en la Formación Social dominicana, dado que el capitalismo no se había hecho dominante y sentado sus reglas y hegemonía en todo el cuerpo societal con la universalización de las reglas generales para todos (imperio de la ley ni la suficiente división social del trabajo político administrativo.
Esas falencias socio políticas y jurídico administrativas, fueron suplidas por el autoritarismo caudillismo, que ha operado como consustancial al escaso desarrollo económico.
Tras el surgimiento de la industria azucarera moderna se crearon condiciones para superar la practica sempiterna del desorden político militar y ellos coincidió con la llegada al poder político del Partido Azul, que en nombre del progreso, inició una nueva praxis administrativa para frena el desorden de los caudillos (Decretos de San Fernando) y crear la paz social (modernización de los mecanismos de control) y los estímulos (exoneraciones fiscales) requerida por los inversionistas. Las inversiones conllevan riesgos que se redimensionaban en un marco de anarquía social.
Así, el conjunto de acciones del Partido Azul fue estratégicas para el auge del capitalismo, no podía ser de otra manera, pero no fueron suficientes y los inversionistas no podían esperar, por ello la Dictadura de Lilís,1887’1899, fue una necesidad orgánica de los grupos económicas de entonces y lo mismo vale la la que encabezó Ramón Cáceres 1906 1911.
Al margen de que la modernidad que ha implantado el capitalismo en otros lares permitió la superación de los lastres de la premodernidad, en Republica dominicana ni eso, pues los grupos dominantes han carecido de proyectos y de sentido de nación y menos de proyectos modernizantes, esto así por estar asociados al capital extranjero por medio de patentes, tecnologías, prestamos, asesorías e interés corporativos, etc. Siempre como socios menores.
La creación de la legislación e instituciones fue lenta, sus funciones limitadas y los efectos esperados, totalmente cuasi nulo. Los que han ocupado las más altas jerarquías públicas, la alta burocracia han sido ineptos, con raras excepciones.
Históricamente el Estado ha acusado crisis de planificación y de personal. Las leyes que deben llegar a todo el territorio, aun no se aplican en los parajes y secciones de las provincias, dando lugar a que los legalismos no abarquen aun todo el territorio.
Eb pleno siglo XXI el Estado no cubre el territorio, no controla la población y menos ejerce el control de los recursos nacionales; ese déficit recusa al Estado nacional. Hay un desencuentro entre Estado y Sociedad, y donde los ciudadanos aspiran a un tipo de sociedad y el gobierno, como administrador del Estado siembre ha marchado en dirección opuesta al interés popular.
Los gobiernos del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, carecían de recursos para crear infraestructura, para resolver ese problema procedieron a endurar al país. De la deuda, una parte se usó en inversiones, otra fue usada personalmente y otra se fue en corrupción. Hubo casos en que el dinero del préstamo fue usado para cubrir deudas de campaña.
República Dominicana ha tenido gobernantes que no han tenido la menor idea sobre la diferencia entre lo público y lo privado: Báez, Lilís y Trujillo no podían diferenciar lo suyo de lo público.
Paradójicamente han sido bajo regímenes dictatoriales que el país ha registrado los mayores avances materiales en infraestructuras y, desde luego, los mayores bloqueos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, los casos más sonados de arbitrariedad, las mayores violaciones a los derechos ciudadanos, las mayores apropiaciones ilegales de tierras, desalojos y hurtos amparaos en el poder.
Lo que puede ser calificado de robo público, se ha visto como normal, se ha institucionalizado y es legitimado por el común de la población al llamar “pendejo” a quien no roba.
La conciencia ciudadana en materia de separación y defensa de lo público, y, condena del abuso, mal uso y de los bienes comunes, es del nivel más elemental imaginable. Hasta personas de cierto nivel académico y político callan frente al dolo, las asociaciones de malhechores, el cohecho y la prevaricación.
El predominio de esa mentalidad depredadora y la no diferenciación entre lo público y lo privado en sectores de la pequeña burguesía, no debe llevar a confusión y creer que los trabajadores, las amas de casa, los profesionales, asalariadas apoyan la corrupción.
Pero no hay que perder de vista que luego de despojar a la nación de sus recursos, son tratados como señores respetables, por lo que el sector alienado del país lo percibe como normal, aunque clame por el cese de la corrupción y la impunidad.
Uno de los factores que contribuyeron al odio de la población contra el Partido de la Liberación Dominicana – P.L.D.- fue su prédica de honestidad y de que al llegar al poder “esa maña de robar se va acabar”, e hicieron del Estado un botín que trataron como piñata.
La Marcha Verde, deberá ser analizada por un equipo multidisciplinario donde se enfoque la convergencia de clases, ideología y posiciones políticas diferentes frente a la corrupción y la impunidad. (SERÍA PARA OTRO ARTÍCULO).
Sobre la base de terminar con la corrupción y la impunidad Luis Abinader prometió un conjunto de medidas, que de cumplirse irían cerrando la brecha que históricamente ha existido entre el Estado y la sociedad civil. Sin embrago, a seis meses de gobierno hay funcionarios que no entienden el significado político-estratégico del manejo honesto de los recursos públicos.
No basta que cinco funcionarios actúen como lo estípula la Constitución, las leyes y las normativas orgánicas de cada institución, es menester que Abinader exija a sus ministros que actúen a la altura de la demanda política nacional, de la ciudadanía, a los fines de cerrar la brecha entre Estado y sociedad; pues algunas actuaciones están llevando a perder la confianza en el Presidente.
Autor historiador y catedrático universitario
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