Santo Domingo.- La Coordinadora Popular Nacional, acusó al gobierno de Luis Abinader de violentar la Constitución de la República, «ensañándose» contra los pobres con políticas anti populares, anti derechos y favoreciendo a los ricos.
La entidad popular al realizar una concentración este martes 18 de enero frente al Palacio Nacional, dijo que el gobierno con su alianza publico-privadas y los fideicomisos, protege el empresariado, así como a políticos de los grandes escándalos de sobrevaluaciones de obras.
La entidad en la que participan decenas de organizaciones nacionales, regionales y plataformas de luchas reivindicativas organizadas en torno a las demandas de rescate del patrimonio público robado y los derechos sociales y ambientales del pueblo dominicano, enumeró varios puntos que muestran que el gobierno viola el estado de derecho contra las mayorías empobrecidas para favorecer según, afirman, a los privilegiados de siempre.
Afirman que el gobierno y sus organismos represivos violentan el derecho a la sindicalización, reunión y protesta de los trabajadores cañeros, a quienes reprime en las últimas semanas para impedir que reclamen sus derechos adquiridos, pensiones y seguridad social sin exclui a más de 7,000 pendientes.
«Se anunciaron 484 pensiones en decreto reciente y los trabajadores cañeros no aparecen en ninguno de los listados de supuestos beneficiarios», señala la Coordinadora Popular Nacional.
Otro aspecto que señalan es la entrega al gobierno desde el 13 de agosto del 2021 de un pliego de reivindicaciones de 8 puntos con propuestas de soluciones para los grandes temas nacionales, pero el presidente Abinader, así como el Congreso Nacional, dan como respuesta «el silencio como si los sectores populares organizados no fuésemos sujetos de derecho, no pagáramos impuestos ó no existiésemos».
Además, el hecho de que más del 90% de la población reclama salud universal, eliminar las ARS/AFP, devolución del 30% de las AFP, detención de los proyectos mineros e hidroeléctricos contaminantes, auditoría y detención del endeudamiento público, así como eliminar barriles, privilegios y mafias.
De igual modo, su reclamo para rebajar los combustibles, alto costo de la vida, aumento salarial acorde a canasta básica, cooperativización de los ingenios Barahona y Porvenir, despenalización de la interrupción del embarazo en las 3 causales, detención de desalojos y atropellos contra poblaciones migrantes y vulnerabilizadas, reformas institucionales reales mediante constituyente soberana.
«El gobierno prefiere mirar para otro lado, como si gran parte del país no existiera, mientras todo el país reclama poner fin a la impunidad y que se esclarezca la sobrevaluación del Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina», exponen.
Sin embargo, señalan que después de casi año y medio, la administración de gobierno del presidente Abinader, no ha sido capaz de decir cuánto costó la obra más «onerosa» de toda la historia del país, mietras prefiere «sin antes aclarar nada», montar un fideicomiso para que «todo se quede tapado y los privilegiados de siempre sigan burlándose del país».
En ese sentido, la Coordinadora Popular Nacional afirmó que a la población empobrecida no dejan otro camino que no sea seguir tomando las calles para defenderse del gobierno patronal de los ricos y anunció la próxima movilización regional a realizarse el domingo 30 de enero en San Pedro de Macorís.
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