Contra la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), hay una condena luego que padres de estudiantes interpusieran una querella por ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Barahona y el juez, Máximo Matos, encontró méritos suficientes para condenar al gremio a RD$50,000.00 por cada día que dejaran de impartir docencia en escuelas de la ciudad sureña.
Nuevamente la ADP recibe una amenaza parecida de la la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), de llevar el sindicato a los tribunales si no retiran el llamado a sus miembros a no ir presencial a las aulas, que impide la docencia luego de las vacaciones de Navidad.
Jaime Tolentino, presidente de la Apmae y representante ante el Consejo Nacional de Educación (CNE), advirtió que procederán legalmente, en caso que la ADP «sigue persistiendo con la absurda y deplorable actitud” de no impartir clases.
«Es enorme el daño que el señor Eduardo Hidalgo y el interés en que las escuelas sean cerradas», afirmó Tolentino.
Aseguró que los países que comparten la realidad socio-económica dominicana tienen la “determinación” de abrir las escuelas, como resultado del consenso entre los sectores que prestan este servicio público y las autoridades encargadas de garantizar la salud pública.
De igual manera, la semana pasada la Apmae hizo un llamado a las familias dominicanas de enviar a sus hijos a los Centros Educativos de manera “voluntaria, controlada y flexible”.
También, advirtió al presidente de la ADP, que “sus acciones” tienen consecuencias legales vistas en la Constitución de la República, por lo que llaman a la comunidad educativa a “retomar el camino de la paz y la armonía, para el bienestar de la educación”.
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