Santo Domingo.- Los convenios con cuerpos policiales cuestionados por su escandalosa trayectoria en materia de violaciones a los derechos humanos, no solo de Chile, sino, también, de Colombia y España, evidencian que la Administración Abinader no tiene ningún interés en poner fin a la corrupción, la brutalidad y las ejecuciones extrajudiciales que caracterizan a la Policía dominicana.
La afirmación la hace el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), entidad que rechaza el convenio que permitirá a los “Carabineros” de Chile asesorar la reforma policial.
El MST externó su postura a propósito de la reunión que el presidente Luis Abinader sostuvo con una delegación de la policía chilena, que encabezó su director, el general Ricardo Yáñez Reveco, el 5 de este mes en el Palacio Nacional.
Recordó que Yáñez Reveco, fue imputado en abril de 2021 por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el estallido social de 2019 en Chile.
“Era jefe de la Dirección de Orden Público durante la represión, en la que asesinaron alrededor de veinte personas, realizaron más de seis mil detenciones arbitrarias e hirieron a más de tres mil personas, muchas de ellas mutiladas por disparos de perdigones y balas de goma que arrancaron los ojos a sus víctimas, además, de torturas y violaciones sexuales”, exponen.
Asimismo, recuerdan que los “Carabineros” fueron un soporte importante de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, a eso se añaden los crímenes cometidos en 2019 durante el estallido social, cuando el apoyo a la institución cayó a alrededor del 15%.
“Los Carabineros acumulan una serie de escándalos recientes, entre ellos el “Pacogate”, en el que se robaron decenas de millones de dólares, por el que fueron enjuiciados 136 policías, incluyendo un exgeneral”, señaló la organización de izquierda.
Policía española
También, la entidad de izquierda arremetió contra el acuerdo arribado con la policía española.
“Según Amnistía Internacional, en el Estado español desde hace años las fuerzas represivas vienen ejecutando torturas y malos tratos que luego no se investigan ni se castigan y se registra un aumento de las torturas policiales con motivación racista”, destaca.
Asesoría colombiana
A juicio del MST la asesoría de la Policía Nacional de Colombia a la reforma policial es incluso más grave, de la que señala que hace décadas está ampliamente documentada la participación de policías y militares de ese país en la política paramilitar, el narcotráfico, miles de asesinatos de dirigentes sociales, masacres de jóvenes y campesinos, violaciones, torturas y desapariciones forzadas.
El conflicto interno en Colombia dejó más de 260 mil muertos, en su mayoría civiles, y más de 80 mil desaparecidos, entre 1958 y 2018. En su enorme mayoría las fuerzas paramilitares de extrema derecha aliadas al Estado y los cuerpos represivos policiales y militares fueron los victimarios.
El general Santoyo, el oficial policial de mayor rango extraditado a EEUU, confesó en 2012 que asesoró y apoyó la organización de grupos paramilitares terroristas de extrema derecha a cambio de sobornos.
Consideran que, en vez de asesorarse con violadores de derechos humanos, el gobierno debería escuchar al pueblo dominicano par que se haga una reforma acorde a los nuevos tiempos y sin experiencias foráneas que luego tengan que lamentarse.
“Mientras no se tome en cuenta las opiniones de la sociedad, especialmente los miles de víctimas de la brutalidad policial, mientras no haya justicia y no se disminuya el poder de la institución represiva, no se podrá hablar de una verdadera reforma policial”, afirma la entidad política dominicana.
Exigen, en cambio, “desmilitarizar” la Policía, recorte del presupuesto represivo, y que verdaderamente se ponga fin a la impunidad, la corrupción policial y las ejecuciones extrajudiciales.
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