Organizaciones campesinas y sociales del Suroeste denunciaron una que el Consorcio Azucarero Central (CAC), pretende poner en práctica hoy lunes una maniobra para destruir el Campamento Libertad en el Aguacatico, Tamayo.
Un comunicado de prensa de las organizaciones indica que el propósito de los arrendatarios del ingenio Barahona, es «apoderarse» ilegalmente de unas 32,200 tareas de los proyectos de la Reforma Agraria del IAD en las zonas campesinas del municipio de Tamayo.
Para ello, según las entidades denunciantes, la maniobra consiste en repartir 80 cheques del CAC, propiedad de la familia Campollo y representada en el país por el Ingeniero Virgilio Pérez Bernal, a través de dos testaferros: Milciades Montero y José Luis de la Rosa (Puchuco).
Señalan que de la Rosa y Montero, son utilizados por la empresa azucarera local para intentan sobornar a un grupo de los campesinos acampados en el Campamento, para que acepten arrendar sus tierras, desalojar el campamento y dejar el camino libre al CAC para que pueda «apoderarse» de las tierras de la Reforma Agraria que pronto podrán irrigarse una vez esté en funcionamiento la presa de Monte Grande cuando esta entre en operación.
Según afirman los cheques están retenidos hace tres meses en las oficinas del CAC, debido al conflicto que hay en la zona, quienes pertenecen al asentamiento fantasma AC-571 de la parcela 273, que hizo el ultimo director del IAD del gobierno de Danilo Medina, Emilio Toribio Olivo, el 4 de agosto del 2020, a 12 días para el cambio de gobierno.
«Con el objetivo expreso de transferir de manera irregular 2,200 tareas al CAC, a trevés de un conjunto de falsos agricultores que en realidad son comerciantes y transportistas de Tamayo encabezados por José Luis de la Rosa (Puchuco), quien firmara un contrato espurio para hacer efectivo el despojo», señala.
Indican que durante la gestión de Leonardo Faña al frente del IAD los ejecutivos del CAC no pudieron hacer efectivo el contrato mafioso, pero cuando Danilo del Rosario entró en sustitución de Faña, éste se puso incondicionalmente del lado de los arrendatarios del central azucarero.
«Y se dispuso a materializar la maniobra, razón por la cual los parceleros opuestos a la trama montaron el Campamento Libertad para impedirlo y, también, para detener la destrucción de cultivos que venía ejecutando la empresa», precisan las organizaciones.
Agdemás, precisan que el objetivo del CAC no es solo apoderarse de las 2,200 tareas de la parcela 273, sino de «todas las tierras productivas de la zona para sembrar caña y ese objetivo se ha visto dificultado por la existencia del Campamento, ubicado justo en las tierras correspondientes a esta parcela».
Recordaron que frente a la situación creada por el CAC procedieron el día 29 de agosto a ocupar las tierras del Lote 4, unas 30 mil tareas de los proyectos de reforma agraria de las comunidades de Altamira, Conuquito y Barranca con 9 maquinarias y más de 50 militares generando una situación de zozobra en estas comunidades.
El jueves 2 del cursante mes se presentaron en los terrenos y lograron sacar las maquinarias del Consorcio, establecer otro campamento (el Libertad 3) y recibir el apoyo del Doctor Manuel María Mercedes y un grupo de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH) que los días 3 y 4 de septiembre se trasladó a la zona para verificar las violaciones a los derechos fundamentales del CAC.
A quiés usa y cuál es la misión que tienen
Afirman que en medio de esa situación es que el Consorcio Azucarero Central recurre a Elifervo Herazme, Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) exalcalde de Neiba, quien lleva varios meses mediando en el conflicto, ya que tiene aspiraciones a la senaduría de la Provincia Bahoruco y quiere ganarse el respaldo de sectores de las comunidades campesinas y los bateyes de la zona.
«La misión del señor Herzme en este caso es evitar que sea descubierto que el asentamiento AC-571 de la parcela 273 es una operación dolosa y recibir a cambio favores del Consorcio Azucarero Central (CAC)», dijeron.
Revelan que Herazme conoce el carácter ilegal de los contratos del CAC, pero prefiere hacerse de la vista gorda porque esta empresa es de las principales financiadoras de candidatos de la región con los beneficios al margen de la ley que por años ha obtenido en el ingenio Barahona.
Revelan, además, que la empresa utiliza, además, al periodista Freddy Aguasvivas, a quien contrató el pasado marzo de 2021 cuando estallaron las primeras movilizaciones, debido a la destrucción de plantaciones de plátanos, guineos, limones, aguacates y otros productos que ejecuto el CAC.
«Las funciones del señor Aguasvivas es mejorar la imagen del Consorcio comprando medios de comunicación, pero sus funciones han sido ampliadas, y este señor se traslada a la zona a reunirse con los testaferros de la empresa y a intentar sobornar a líderes campesinos», exponen.
Los grupos campesinos dijeron que esta maniobra fracasará, porque solo por encima de sus cadáveres el Campamento Campesino Libertad I será desmantelado.
Afirman que el CAC opera hace más de 20 años al margen de la ley, llevando pobreza a la Región Enriquillo y que es usual que sobreviva comprando políticos y comunicadores.
Agregan que en la actual administración le impiden a las instituciones del Gabinete Agropecuario cumplir con los acuerdos a que llegan con los campesinos, porque tienen un padrino en el Palacio Nacional, Lisandro Macarrulla que es defensor de sus intereses frente al presidente Abinader.
