Dr. Rafael Fernández Matos
Transcurría el año de mil novecientos setenta. Barahona, liceo Federico Henríquez y Carvajal, octavo curso, maestra Margarita Tezanos y estudiantes un grupo de adolescentes con edades de diez a catorce años. Eran tiempos difíciles, las convulsiones sociales y políticas de la época, alteraban el acontecer de la vida cotidiana en todo el territorio nacional.
Se iniciaba la docencia en un ambiente de mucha tensión, sobre todo reflejado en la maestra, cuyo estado de ánimo estaba lleno de incertidumbres. De repente, un fuerte sonido estremecía el plantel escolar y al unísono se escuchó el grito de cinco por ciento a la universidad.
El pánico no se hizo esperar, a correr se ha dicho. Al intentar salir del centro educativo, ya la puerta principal estaba cerrada con cadenas y el plantel totalmente rodeado por la policía. Todo ocurrió como por arte de magia, no hubo otra alternativa más que sumarse a la lucha estudiantil.
Fue un día de esos que no debieran repetirse jamás, éramos adolescentes y no entendíamos, a ciencia cierta, el porqué de los reclamos. Más de noventa bombas lacrimógenas fueron lanzadas, disparos de armas largas y cortas, arrestos, golpes, maltratos a profesores y estudiantes.
Los bomberos, personal médico y medio pueblo se habían aproximado al lugar de los hechos para dar asistencia y reclamar sobre aquella agresión, digna de un salvajismo propio del momento histórico vivido, generando en la juventud una sensación de indefensión.
Han pasado más de cincuenta años de aquellos fatídicos acontecimientos y ninguno de los gobiernos hasta la fecha, ha tenido el honor de cumplir con los reclamos de la juventud y mucho menos han puesto atención a esta demanda que es un derecho establecido en la Constitución de la República y constituye un eje estratégico para el desarrollo económico.
Según se establece en la Ley 5778 de AUTONOMÍA DE LA UASD, Universidad Autónoma de Santo Domingo, del 26 de octubre de 1961, en su artículo 3, el Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Educación Superior Pública un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional.
Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la Universidad y sólo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la Universidad, (Gaceta Oficial No.8633, del 5 de enero de 1962).
Por ejemplo, en Costa Rica, los recursos asignados a la Educación Superior Pública para el 2020 representan un 2.0% del total del presupuesto del Sector Público y un 1.5% del PIB, todo esto tomando en consideración los ajustes correspondientes de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda nacional, estimando la inflación interanual y en cumplimiento de los preceptos constitucionales.
En la República Dominicana, caso que nos ocupa, la inversión del Gobierno Central en la Educación Superior Pública para el 2020, representa un gasto de menos de un 0.40% del PIB y menos de un 0.90% del presupuesto del Sector Público, (Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior, MESCyT), con una matrícula estudiantil de más de 200,000 estudiantes, distribuida en todo el territorio nacional y una tasa de crecimiento sostenida, como se muestra en las informaciones del citado Informe Estadístico.
Además, no se toman en consideración ajustes por inflación, ni la variación en el poder adquisitivo de la moneda nacional, y el gobierno viola sus propias normativas, no asignando a la Educación Superior Pública, las partidas del presupuesto nacional establecidas en la ley 5778, para tales fines.
Los valores esenciales en que se fundamenta el quehacer de la Educación Superior Pública, la identidad y cultura nacional, el respeto al ser humano, el pluralismo ideológico, político y religioso, el espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana, el rigor científico y la responsabilidad ética, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las estructuras socioeconómicas hacia el crecimiento de la economía, infieren que los sectores políticos y grupos sociales que nos han gobernado muestran ausencia de argumentos, y por lo tanto han desarrollado una aporofobia, que según criterios filosóficos, denotan miedo al desarrollo y crecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores pobres.
La democracia es inclusiva, no excluyente, por tal razón, debemos transformar la sociedad y construir una educación superior pública que cuente con los recursos financieros necesarios hacia la construcción de una democracia más participativa y menos conservadora, con avances en la organización política y económica de la sociedad.
