El director del periódico El Faro, Carlos Dada, denunció que agentes del Gobierno salvadoreño le notificaron al editor del medio, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, que debe abandonar el país.
Dada, señaló que el martes se presentaron «agentes del Gobierno salvadoreño» a la casa de Lizárraga para «notificarle que tiene 5 días para abandonar El Salvador y que su permiso de trabajo y residencia temporal le fueron denegadas porque no ha podido demostrar que es periodista».
«Lo consideramos, sin lugar a dudas, una forma más de acoso y de ataque contra nosotros (El Faro), y un intento más por debilitarnos», denunció Dada en una transmisión en línea con Casa América Catalunya, que le otorgó al medio el XIV Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión.
Si un país se queda sin prensa, se queda sin democracia
Añadió que «me preocupa mucho el país», porque «se va quedando sin periodismo, se va quedando también sin democracia» y calificó la decisión como el «último capítulo de esta escalada» de «acoso». El Ejecutivo de Nayib Bukele no ha dado declaraciones sobre la denuncia de Dada.
Lizárraga se sumó a El Faro como editor en enero pasado y en el pasado fue miembro del equipo de investigadores de Aristegui Noticias. Además trabajó en los medios Reforma, El Universal y Revista Proceso.
El Faro denunció a mediados de abril pasado mediante un editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente «fabrica otro caso» en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.
José Luis Sanz, exdirector de El Faro y corresponsal del medio en Washington, dijo en una entrevista en octubre de 2020 que teme que el Ejecutivo de Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones. Señaló que en una cadena nacional de medios de comunicación Bukele dijo que el medio era sometido a una investigación por supuesto lavado de dinero, lo que consideró como «una clara amenaza».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a inicios de febrero medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes de El Faro que, advirtió, «estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización».
A inicios de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador admitió una demanda de amparo contra Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de la «línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso» de El Faro.
