Los imputados en el caso Odebrecht Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, habrían amenzado al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien remitió una carta al presidente Luis Abinader en la que le hace saber que teme por su vida ante las amenazas de muerte y agresión.
En su misiva al mandatario le comuncia que ponde en su conocimiento, “la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia” en su condición de jefe del Estado y autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía y demás cuerpos de seguridad.
Le expresa que el 26 de mayo Rondón manifestó su “deseo de asesinarme” en el programa Acento TV y que solo limita la ejecución del acto a no tener un instinto criminal.
“Este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter, y de corrupción en el caso Odebrecht, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, colocándolo en un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky”, dice Rodríguez al mandatario en su carta.
Señala que otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad son también “las amenazas constantes de agresión física a un servidor” realizadas por parte de Díaz Rúa, quien el 8 de febrero, frente a numerosos periodistas expresó su intención de agresión física “en cualquier momento próximo”.
El exprocurador manifestó que esas expresiones no motivarían preocupación si fuese un ciudadano sin historial criminal “y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido al entonces secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury”.
Dice que más alarmante aún es que es un sujeto señalado por corrupción, que guardó prisión por orden del juez Francisco Ortega Polanco, y de altísimo interés para Estados Unidos por el caso Odebrecht.
Rodríguez le plantea al presidente que ambos casos son delicados y aumentan su gravedad por ser a través de medios de comunicación o directo a periodistas en plazas públicas.
A su entender, esas expresiones son amenazas de orden público, “sin haber intervenido hasta la fecha las autoridades de forma alguna, lo cual mueve a suponer que estas personas se consideran protegidas por algunas autoridades que velan por su impunidad, o que incluso estén dispuestos a colaborar en eventuales actos criminales”.
Le manifestó que le remitía la denuncia porque la procuradora general Miriam Germán Brito presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente del caso Odebrecht.
Rodríguez, quien como procurador general tuvo a su cargo las investigaciones del caso y el sometimiento a la justicia de los seis acusados de soborno, plantea al jefe del Estado que los organismos de seguridad deben tomar en cuenta las amenazas a él y su familia.
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