Barahona.– El Consorcio Azucarero Central (CAC), denunció que ocupantes “ilegales” de terrenos que son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), amenazan con quemarles las maquinarias y vehículos pesados al personal que labora en la zona cañera.
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Mediante un comunicado enviado a la prensa, los arrendatarios del ingenio Barahona, señalan que estas acciones podrían provocar situaciones lamentables.
Llamó a la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional (PN) y al Ejército de República Dominicana (ERD), con asiento en Barahona, a tomar medidas preventivas de seguridad frente a las amenazas que supuestamente reciben los arrendatarios del central azucarero local.
Recordaron que recientemente la Sala Civil del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, declaró inadmisible e incompetente, una Acción de Amparo sometida por cinco asociaciones de agricultores a la que acusa de mantener invadida ilegalmente terrenos del CEA.
Señaló que los ocupantes ilegales de esas tierras, propiedad del Estado, demandaban al Consejo Estatal de Azúcar (CEA), CAC e Instituto Agrario Dominicano (IAD), por supuestas invasiones de predios agrícolas en la parcela número 273.
“El magistrado Alejandro Encarnación Medina, en función de juez de amparo, declaró falta de derecho y calidad a estas asociaciones al carecer de competencia en sus reclamos contra el CEA, IAD y CAC, lo que los convierte En invasores, violando las leyes”, dice el comunicado enviado a los medios.
La medida fue emitida contra las Asociaciones: Campesinos Sin Tierras, de Agricultores de Guanarate, Agricultores de Cabeza de Toro, de Agricultores Los Taínos y Asociación de Agricultores La Cuaba, a quienes el tribunal falló en contra de sus alegatos.
Los arrendatarios del ingenio Barahona, dice que la seguridad de sus operadores de vehículos pesados está en “peligro”, ante las amenazas recibidas por “invasores de terrenos”, a quienes acusa de querer provocar enfrentamientos violentos para llamar la atención nacional.
Denunció, también, que sus bienes están corriendo riesgos y dicen sentir preocupación al observar los niveles de violencia en los ocupantes de tierras, «porque como entidad privada no tiene los medios para impedir esas acciones».
