Análisis de Think Tank Tejada Holguín y asociados
𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐗𝐓𝐎.
Ayer en las redes sociales se transmitió a través de funcionarios y cercanos al gobierno un mensaje clave de forma simultánea, en el que se le daba las gracias a Luis Abinader por cumplir su promesa de tener una Procuraduría independiente, una Junta Centra Electoral (JCE) no política, una Cámara de Cuentas no política y representantes no políticos en las altas cortes.
Con ligeras variaciones, como “independiente” en lugar de “no político”, el texto era esencialmente el mismo.
Coincidiendo con la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, desde periodistas de larga trayectoria en el país hasta usuarios aparentemente aleatorios mostraron un discurso afín a esta línea argumentativa.
𝐀𝐍𝐀́𝐋𝐈𝐒𝐈𝐒:
Primero. El término independiente ha aflorado de forma abrupta en los últimos ocho meses, aludiendo a la colocación de individuos apolíticos, que no respondan a líneas partidarias ni de ninguna otra índole en la Procuraduría, la JCE y en la Cámara de Cuentas. Forma parte del discurso gubernamental y, en el caso del Ministerio Público, es el logro de mayor relevancia que se atribuye el Gobierno.
Pero, es válido aclarar, en primer lugar, que ninguna de esas entidades, salvo la PGR, depende del Poder Ejecutivo.
Y, en el caso de la Procuraduría, para que sea independiente es preciso una reforma constitucional, asignación de recursos propios y un mecanismo de elección que no dependa del presidente.
Actualmente, su incumbente, que tiene gran valía y amplia trayectoria, fue nombrada por el mandatario, quien también puede destituirle. Y la entidad es un ministerio, que por ley depende de la decisión del Poder Ejecutivo.
De manera que, no existe un Ministerio Independiente, es un relato vendido por el gobierno y comprado por pasiones.
Segundo. Es imposible que la JCE, la PGR o cualquier instancia pública sea no política. La naturaleza de sus funciones, la razón de ser de esas entidades es política.
Difundir otra cosa es alimentar la desinformación. A la vez, le hace el juego al descrédito que durante años se ha hecho de la política como ejercicio social, cuando las debilidades están en el sistema de partidos.
Esa inversión hecha por el gobierno para promover sus supuestas promesas, podría dedicarse también a campañas educativas en torno al funcionamiento del Estado. Así, la ciudadanía podría comprender de forma sencilla las implicaciones de prometer entidades no políticas y el riesgo existente en declararse apolítico.
Tres. El tercer fallo a observar en esa campaña tiene que ver con el mensaje implícito que transmite sobre el presidente. Constitucionalmente en el país existe la separación de poderes.
Decir que las autoridades de la JCE y de las altas cortes son independientes por decisión de Abinader es admitir la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes, como el judicial.
Hace dos días circulaba en Twitter la publicación de un usuario que decía que en torno a la elección del defensor pueblo hay tres posturas:
– La del PRM, que apoya a Fidel Santana.
– La de la Fuerza del Pueblo, que aúpa a Henry Merán.
– La del PLD, que promueve a Pablo Ulloa.
En torno a este proceso de elección hay muchas confusiones en la ciudadanía. Pero, una de las dudas que precisa ser aclarada una y otra vez es la condición de apartidista de los aspirantes al puesto.
Por la naturaleza de las funciones del Defensor del Pueblo, se espera que no tenga militancia partidista. Esa condición no se cumple en dos de los tres aspirantes:
Henry Merán es un legislador que corresponde a la facción del leonelismo. Fue de los militantes del PLD que pasó a las filas de la Fuerza del Pueblo. Y en todo momento ha dejado claro que él tiene su simpatía y compromisos con el nuevo partido.
Fidel Santana renunció en septiembre pasado al Frente Amplio, partido que le llevó a ocupar la diputación. Niega tener vinculación con el PRM. Sin embargo, es evidente que cuenta con el apoyo del partido oficial. Incluso, es un secreto a voces que fue una promesa de campaña a cambio de apoyos.
De manera que, la discusión no tiene que ver con cuál partido apoya a cada candidato. Más bien, se trata de quién cumple con los requisitos establecidos para calificar en la Defensoría del Pueblo. Y hasta el momento, tanto Santana como Merán tienen lazos estrechos, cercanos en el tiempo y duraderos con organizaciones políticas. Esa y no otra, es la razón por la cual se desestiman esos dos aspirantes.
La publicación de este artículo/análisis cuenta con el permiso de su autor
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