Autoridades haitianas pusieron en libertad al magistrado Yvickel Dabrésil, arrestado el pasado fin de semana por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Juvenel Moise.
Dabrésil, juez de la Corte de Casación, máxima instancia judicial del país, fue puesto en libertad cerca de 24 horas después de que el Tribunal Civil de Croix-des-Bouquets emitiese la orden.
El juez salió de la prisión de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana, sin dar declaraciones y se subió a un automóvil en el que se marchó del lugar.
La orden de libertad, anunciada el martes, debería de haber sido cumplida de inmediato, pero los policías en la cárcel “no querían dejar partir al juez” y tardaron cerca de 24 horas en aceptar el mandato del tribunal, según dijo a Efe uno de los abogados del juez, Reynold Georges.
El resto de detenidos el pasado fin de semana bajo la acusación de supuestamente planear un golpe de Estado y un atentado contra la vida del presidente Jovenel Moise siguen en prisión.
Entre la veintena de detenidos hay varios familiares del juez, la inspectora general de la Policía Nacional, Marie Louise Gauthier, y otros agentes del cuerpo.
El pasado domingo Moise anunció una serie de arrestos e informó de los supuestos planes que, según las autoridades, tenían los opositores para atentar contra su vida.
Un día después de esos arrestos, la oposición reaccionó anunciando que no reconoce más la autoridad de Moise y nombró como presidente interino a otro juez de la Corte de Casación, Joseph Mécène Jean Louis.
La respuesta del Gobierno fue ordenar la jubilación forzosa de Jean Louis, Dabrésil y de un tercer magistrado de la Corte de Casación, también supuestamente implicado en los actos denunciados por la Administración.
Esa orden de retiro es aparentemente contraria a la Constitución, que protege la inviolabilidad de los jueces de las altas cortes e impide cesarlos de sus funciones.
Tras ese decreto de Moise, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por esa orden contra los jueces, aunque siguen manteniendo su apoyo al mandatario haitiano y a sus planes de organizar elecciones este año.
Esta cadena de acontecimientos ha desatado la crisis política más grave en Haití desde el golpe de Estado que arrebató el poder al presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004.
